El refugio económico"

Casi la mitad de la vida de Rosa ha discurrido junto a un hombre alcohólico con el que tuvo dos hijos y un sinfín de desaires. Por citar lo menor. Soportó tal calvario que incluso su cuñada se alineó con ella sin fisuras cuando se atrevió a dejar su domicilio por vez primera. Hace tres años que logró romper en serio las ataduras con su marido al que no le exige ni un euro de la pensión fijada por la justicia porque cree que la tranquilidad que ha logrado ahora no tiene precio. En este tiempo ha salido adelante con empleos precarios, una pensión exigua y la ayuda de sus nueve hermanos.

Rosa es una de las mujeres contratadas para trabajar en el Centro Andaluz de Integración Laboral Unificada (Cailu), una empresa dedicada a las artes gráficas que buscaba mano de obra con un doble perfil: mujer y discapacitada. La tercera característica que define a la mayoría de sus trabajadoras -haber sido víctimas de malos tratos- fue impuesta por la realidad. "Fue una sorpresa", recuerda la directora gerente, Cristina Pavón.

De las 11 personas que componen la plantilla, la mayoría se ajusta a esa triple condición de mujer, discapacitada leve y maltratada. Una veintena están en lista de espera para incorporarse a una empresa que les garantiza seguridad e independencia económica, apoyo psicológico y formación profesional. "Cada una venía con la autoestima cero y con una problemática cada cual peor", señala Pavón.

Luisa huyó con sus hijos de Barcelona después de una terrorífica convivencia. Su largo descenso a los infiernos tocó fin el día que su pareja trató de apuñalarla. "Le di el cuchillo para que lo hiciera y me liberara". Cuando revive ese momento lo hace con tanto detalle que encoge cualquier oído. Se salvó porque, en un último ademán de supervivencia, paró el golpe con la mano. Luisa pasó semanas en el hospital sin saber que su marido, después de autolesionarse, la había denunciado. "La sentencia le dio la razón a él", recuerda con una serenidad pasmosa. "Yo no odio, no puedo, me da pena esa persona", aclara.

Su nuevo trabajo, al igual que a Rosa, le ha cambiado la vida. "En el momento en que les aseguras el tema económico esas personas se recuperan", sostiene la directora gerente de Cailu. "No tienen nada que ver con las que entraron aquí", dice con orgullo. A la empresa de Cristina Pavón y Mª del Mar Martínez, que comenzó a funcionar en noviembre de 2002, le han concedido ya el premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. Más que respaldo a una trayectoria puede interpretarse como un empujón, que se suma a las ayudas económicas que han recibido de organismos públicos y a la contratación de sus servicios. Uno de los regalos navideños repartidos por el Congreso de los Diputados en 2002 salió de la nave de Cailu en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a la que Isabel ha ido a trabajar con una pegata contra la guerra durante semanas.

Tiene 25 años, dos hijos y un pasado de acoso psicológico notable que la llevó a separarse. Sueña con ir a la universidad algún día para licenciarse en Derecho. "Aunque sea con 60 años", remacha. Con una ilusión similar Rosa citó a sus hermanos hace meses: "No sabes la satisfacción que fue para mí cuando les puse de comer y les dije 'todo esto lo he pagado yo". Rosa, Luisa e Isabel son nombres ficticios. La última agresión que sufren es la de tener que renunciar a su propia identidad cuando relatan su tragedia.