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Reportaje:CRÓNICA EN VERDE

El bosque pasa por caja

El valor de los ecosistemas forestales andaluces ronda los 21.000 millones de euros

Para la economía lineal más rancia, los recursos naturales no son más que materias primas que a través de los correspondientes procesos de transformación se convierten en productos que satisfacen las necesidades de los ciudadanos. Se miden, por tanto, en función de su valor productivo.

Sin embargo, los más recientes modelos de economía circular tratan de corregir esta errónea simplificación incorporando variables que hasta ahora no se tenían en cuenta. De esta manera, y si tomamos como ejemplo los ecosistemas forestales, la importancia económica de los mismos no sólo se mide en función de su valor productivo (madera, corcho, frutos o caza) sino que, además, hay que contemplar sus valores recreativos, ya que los ciudadanos también satisfacen ciertas necesidades contemplando un paisaje o disfrutando de un determinado espacio natural.

A este balance deben incorporarse, asimismo, los valores ambientales, que comprenden, por un lado, aquellos servicios que los bosques ofrecen de forma gratuita (fijación del anhídrido carbónico, protección y fertilización del suelo, regulación hídrica) pero que suponen un importante ahorro de costes a la sociedad, y, por otro, lo que se ha dado en llamar "valor de no uso", es decir, el beneficio actual que reporta el mantener abierta la posibilidad de que, en el futuro, se le encuentre utilidad, y rendimiento económico, a especies o espacios que ahora no tienen aprovechamiento alguno.

Cuantificar

Los bienes sin precio pueden cuantificarse sobre el principio de que valorar es expresar preferencias, y en nuestro modelo de sociedad las preferencias positivas se traducen en una disposición a pagar, de manera que el dinero se convierte, también para estas variables, en una unidad capaz de medir esos valores recreativos, ambientales o de no uso.

La importancia ecológica del monte mediterráneo radica, fundamentalmente, en su papel regulador del ciclo hidrológico, de la calidad del aire y de los procesos de generación y conservación de suelos, cuestiones todas ellas vitales en las regiones del sur de Europa. La generación de esos bienes y servicios indirectos que contribuyen al bienestar de la sociedad es, por ello, muy alta, y su valor, advierten los especialistas, podría llegar a superar al de las rentas directas percibidas por sus propietarios a través de las explotaciones tradicionales.

Aun admitiendo que esta forma de interpretar el valor económico de la naturaleza aún debe depurarse, la Consejería de Medio Ambiente ha hecho público el primer estudio que trata de establecer, con una referencia monetaria, lo que nos aportan los ecosistemas forestales. Las áreas productivas clásicas se han incorporado a este balance de manera sencilla, ya que de la mayoría de ellas existen estadísticas fiables y, así, se sabe que el valor de la madera en el conjunto de la comunidad suma algo más de 1,2 millones de euros, la caza supera el millón y medio de euros, y el corcho aporta todos los años algo más de 1,6 millones de euros. Si a estos elementos sumamos el rendimiento de las leñas, piñones, castañas, pastos y recursos eólicos, el primer bloque de este análisis ronda los cinco millones de euros.

Más complejo ha resultado cuantificar los valores recreativos y ambientales. En este caso se estableció un índice de calidad ambiental y, durante dos años, se realizaron encuestas a 2.500 personas en cada una de las ocho provincias, de tal manera que pudiera establecerse una relación fiable entre lo que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar por conservar o mejorar los ecosistemas forestales y el valor económico de los mismos.

Con esta fórmula se ha establecido un valor de algo más de 3 millones de euros para las funciones recreativas asociadas a este tipo de espacios, y más de 12 millones de euros para los servicios ambientales que prestan los bosques andaluces, en particular como "infraestructuras naturales" capaces de depurar el aire que respiramos (fijando el anhídrido carbónico que se produce en todo tipo de combustiones) y también como recursos de futuro, cuyo "no uso" garantiza el mantenimiento de nuestra calidad de vida.

En total, la valoración económica de los ecosistemas forestales andaluces ronda los 21.000 millones de euros, lo que supone una cifra cercana al presupuesto anual andaluz. Por provincias destaca Huelva, donde el valor económico total de este tipo de espacios naturales rebasa los 4.000 millones de euros, y el liderazgo en este caso se mantiene tanto en los elementos productivos, como en los recreativos y ambientales. Le siguen Jaén (3.100 millones) y Córdoba (2.800 millones), colocándose en los últimos puestos Almería (1.800 millones) y Málaga (1.200 millones).

Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es

Midiendo la biodiversidad

Aunque se haya presentado como un estudio pionero, el análisis del valor económico de los ecosistemas forestales andaluces no es el primero en nuestro país. En 1999 el Gobierno de Navarra publicó un trabajo similar, otorgando a la biodiversidad de esta comunidad un valor cercano a los 78 millones de euros. En este caso, además, se obtuvo la denominada "disposición de pagar media" (DAP), es decir, la cantidad de dinero que cada navarro adulto estaría dispuesto a aportar, cada año, para contribuir al mantenimiento y conservación de la biodiversidad. La cifra que se atribuyó a este concepto fue de unos 80 euros.

Lo cierto es que, como señalan los especialistas, la economía ambiental está aún lejos de poder medir todas las rentas que proporciona la naturaleza. El modelo de encuestas con el que se obtiene la "disposición a pagar" es incompleto, advierte Pablo Campos, del Instituto de Economía y Geografía del CSIC: "Parece que el público no puede tener en este caso la última palabra y que, por tanto, la conservación de la biodiversidad tendrá que desarrollarse en una interfase entre valores económicos, basados en el comportamiento de los ciudadanos, y biológicos, no basados, por tanto, en las preferencias del público".

De lo que no hay duda es de que se necesita un modelo de análisis riguroso, ya que, precisa Campos, "el gasto público que los gobiernos destinan al monte mediterráneo se ejecuta sin el conocimiento cuantificado de los efectos económicos del gasto". Y por este motivo, las diferentes administraciones suelen exaltar la conservación "sin uso activo" o, lo que es peor, consideran los aprovechamientos y usos como algo dañino, generando lo que este experto denomina "laberinto de normativas".

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