Brigadistas contra excavadoras

El Ejército israelí clausuró las oficinas que los pacifistas del Movimiento de Solidaridad Internacional tenían hasta ayer en la localidad de Beit Sajur, situada en las inmediaciones de Belén. Decenas de soldados y agentes de Policía irrumpieron en el inmueble a plena luz del día, deteniendo a sus dos ocupantes, y confiscando todos los ordenadores y archivos que encontraron en su interior. La noche previa otros dos activistas británicos fueron detenidos en el paso fronterizo de Erez y, según anteriores precedentes, podrían ser deportados durante los próximos días. Decenas de extranjeros acuden a los territorios ocupados para defender los derechos palestinos.

Tal como ya había advertido el ministro israelí de Defensa, Saúl Mofaz, tras el último atentado suicida perpetrado en Tel Aviv por dos ciudadanos británicos de origen paquistaní, las fuerzas de seguridad comenzaron su particular ofensiva contra los grupos pacifistas extranjeros que operan en los territorios palestinos. La primera actuación fue realizada contra el Movimiento de Solidaridad Internacional (MSI), la más conocida de entre las cuatro organizaciones que abogan por la resistencia no violenta frente a la ocupación militar israelí (las otras tres son el Grassroots International Protection for the Palestinians, el International Women Peace Service y el Ta'ayush).

El portavoz de la policía, Gil Kleiman, confirmó las detenciones de una activista estadounidense y de otra australiana, que fueron luego interrogadas en la comisaría de Hebrón. "Se encontraban dentro de una zona militar cerrada y son sospechosas de realizar actividades ilegales", afirmó telefónicamente Kleiman, quien además indicó que la decisión de si son o no expulsadas del país ha pasado a ser competencia del Ministerio del Interior. El Ejército justificó también los arrestos, asegurando que algunos de los activistas "en realidad son provocadores que vienen a interferir en nuestra labor".

Por su parte, el coordinador del MSI, Tom Wallace, niega rotundamente que sus miembros sean agitadores. En una entrevista celebrada el día anterior en las oficinas en cuestión, Wallace argumentó que "lo que pretenden es seguir actuando con impunidad, para lo que primero han de deshacerse de los extranjeros que somos testigos directos de la violación sistemática de los derechos humanos que tiene lugar en los territorios". Con 43 años y oriundo de Boston, Wallace añadió que "ante la ausencia de un verdadero contingente de observadores internacionales, nuestra principal labor es de testimonio y, hasta cierto punto, de disuasión".

Precisamente estas labores "de disuasión" provocaban la muerte a una joven estadounidense, Rachel Corrie, que fue arrollada hace dos meses al posicionarse frente a una excavadora militar en el campo de refugiados de Rafá, al sur de la franja de Gaza. Poco después, otro joven británico, Tom Hurndall, recibía un disparo en la cabeza mientras ayudaba a un grupo de niños a salir de una zona próxima en la que tenía lugar un tiroteo, lo que le ha dejado clínicamente muerto en un hospital de Bersheva, dando así más argumentos al Ejército para prevenir su entrada en los lugares en que se estén produciendo enfrentamientos.

Otra de las medidas restrictivas impuestas ayer fue la entrega de una instancia a aquellos ciudadanos extranjeros que cruzan por el paso fronterizo de Erez. Su firma implica una asunción personal del riesgo que supone la entrada en la franja de Gaza y exime al Ejército de cualquier responsabilidad sobre la seguridad del firmante. Diseñada en principio sólo para los activistas, esta instancia le ha sido también ofrecida a cooperantes y trabajadores humanitarios europeos, que de momento se han negado a firmarla, en espera de recibir instrucciones por parte de sus respectivos consulados y embajadas.