Gescartera, por dentro

A la juez Teresa Palacios, que investiga desde hace casi dos años el gigantesco fraude de Gescartera -un agujero de 87 millones de euros que ha perjudicado a 1.800 clientes-, se le ha abierto el campo de sus pesquisas penales tras la incorporación al sumario del informe definitivo de los peritos de Hacienda sobre el montaje contable y financiero puesto en marcha por la agencia de valores para camuflar sus operaciones.

Hasta ahora, las imputaciones penales han alcanzado a los principales responsables de Gescartera, particularmente a su propietario, Antonio Camacho, a punto de ser puesto en libertad provisional al cumplir el plazo máximo de dos años de prisión preventiva correspondiente a los delitos que se le imputan. Pero, con el informe pericial de Hacienda en la mano, la juez Palacios deberá dirigir su atención a la lista de 42 testaferros que, a cambio de una recompensa mensual, se prestaron a ser el soporte de la sofisticada ingeniería financiera -operaciones aparentes en Bolsa, pérdidas ficticias, ganancias sobrevaloradas, etcétera...- en el que se sustentaba el fraude. La figura penal del cooperador necesario en el delito se perfila en este tipo de conductas, aunque, lógicamente, son las partes personadas en el sumario, y en última instancia la juez, quienes deberán determinar su existencia.

El informe de los peritos de Hacienda, como el policial que hace algunos meses desveló el modus operandi convenido entre Gescartera y el HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) para camuflar la operativa irregular de la agencia de valores, ha vuelto a suscitar la conveniencia de reabrir la comisión parlamentaria que investigó las responsabilidades políticas derivadas de la estafa, centradas sobre todo en el anterior equipo directivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A fin de cuentas, los técnicos de Hacienda han venido a demostrar que se estaban cometiendo graves irregularidades que no se tenían en cuenta desde la dirección de la CNMV a pesar de las advertencias de su cuerpo técnico.

El PSOE ha anunciado que estudiará si solicita la reapertura de la comisión. Pocas dudas caben, a tenor de los datos conocidos con posterioridad, de que la comisión parlamentaria se cerró prematuramente y, por tanto, en falso. Pero a esta alturas, y con una investigación penal bien encauzada, lo más sensato sería agilizar el proceso y no politizarlo. Sin renunciar, por supuesto, a exigir explicaciones al Gobierno sobre aquellos aspectos del informe de Hacienda que remitan al ámbito político. El PSOE está personado en la causa. Puede, por tanto, contribuir a impulsarla y a concretar las nuevas responsabilidades penales que se dibujan en el informe de Hacienda.