A medida del Gobierno

La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que hoy aprueba el Congreso -la primera de importancia de una norma que data de 1981- aborda aspectos sin duda revisables, pero se olvida del principal: la relación de dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno que lo nombra y destituye libremente. De todos los problemas que han afectado desde aquella fecha al ministerio fiscal, el más grave ha sido la sospecha de parcialidad que proyecta sobre el actuación del fiscal del Estado el hecho de que puede ser destituido por el Gobierno que lo nombró.

Esa sospecha se acrecienta con el nuevo Estatuto. El poder del fiscal del Estado se refuerza, al tiempo que se limita el de la institución en un aspecto crucial: su facultad investigadora del delito. La reforma reduce a seis meses el plazo para que los fiscales investiguen los hechos delictivos antes de denunciarlos ante el juez, salvo que el fiscal del Estado autorice una prórroga. Hacer depender del criterio del fiscal general la investigación de delitos en ocasiones de gran complejidad, para los que un plazo de seis meses es insuficiente (corrupción y económico-financieros, entre otros) alimenta las sospechas sobre el interés del Gobierno en el control del órgano competente en estos asuntos: la Fiscalía Anticorrupción.

La hegemonía del fiscal del Estado en el nuevo diseño del ministerio público resalta todavía más al limitarse a cinco años el mandato de los fiscales jefes, incluidos los actuales, a los que se aplicará la nueva norma con carácter retroactivo. Nada hay que oponer, desde criterios democráticos, a la renovación de mandatos en la función pública, pero extraña que esa medicina democrática no se administre al fiscal general del Estado. Sólo estableciendo un mandato predeterminado con causas tasadas de cese podría acabarse con la sospecha de parcialidad. Pero no es un objetivo que encaje en un ministerio fiscal hecho a la medida del Ejecutivo. Más bien se trata de una fórmula diseñada para deshacerse de algunos fiscales incómodos y reforzar todavía más la influencia gubernamental sobre una institución fuertemente jerarquizada. El Gobierno tendrá ahora ocasión de cambiar a los fiscales que se le antoje, para lo que cuenta con la colaboración de un fiscal del Estado cuya continuidad en el cargo depende de su voluntad.