Berlusconi comparece ante el tribunal que le juzga por presunto soborno

Rompiendo su estrategia evasiva, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se presentó ayer en medio de una gran expectación en el tribunal de Milán que lo juzga por presunto soborno a jueces romanos. Es la primera vez en la historia de Italia que un jefe del Gobierno se sienta en el banquillo de los acusados. Berlusconi explicó durante 50 minutos las razones que le llevaron en los años ochenta a sabotear la venta del coloso alimentario público SME a su enemigo empresarial y político Carlo de Benedetti, y acusó a Romano Prodi, artífice del acuerdo, de turbias componendas.

"Estoy orgulloso de lo que hice", dijo ayer Berlusconi, que presentó su intervención en el caso -a petición del entonces primer ministro, Bettino Craxi-, como un "servicio al Estado". Il Cavaliere trasladó la responsabilidad de una venta que infravaloraba, dijo, el precio real del grupo, al entonces presidente del instituto público IRI, Romano Prodi, hoy presidente de la Comisión Europea.

El primer ministro llegó a insinuar que el acuerdo Prodi-De Benedetti estuvo precedido por el pago de "comisiones ilegales" a una corriente de la Democracia Cristiana. Y citó al ex delfín de Craxi, Giuliano Amato. Éste, declaró Berlusconi, "dijo que había no ya indicios, sino pruebas" de estas comisiones y que "era la única explicación para una operación que comportó un daño tan relevante".

El primer ministro solicitó, en apoyo de su tesis, la comparecencia del propio Amato y de varios ministros democristianos de la época. Tanto Prodi como Amato rechazaron ayer las acusaciones de Berlusconi. Prodi emitió una larga nota en la que precisó que siempre defendió "los intereses del Estado". Los abogados de Berlusconi, Gaetano Pecorilla y Nicoló Ghedini, parlamentarios de Forza Italia, llamarán a declarar a unos 1.800 testigos, entre altos cargos del Gobierno actual y del Gobierno de Craxi, jueces y otras personalidades.

Berlusconi explicó ayer que está dispuesto a seguir con extrema atención el desarrollo de un proceso que amenaza con estallarle en las manos en el momento político más inoportuno, cuando Italia se dispone a asumir el semestre de presidencia de la UE. Aunque gracias a su mayoría parlamentaria podría conseguir aún la aprobación de una ley de inmunidad que congelara el proceso mientras dirige el Ejecutivo, una norma así requeriría el apoyo de la oposición para no resultar demasiado escandalosa.

El temor de la coalición de centro-derecha es que una eventual condena a Berlusconi pueda desestabilizar su Gobierno, como ocurrió con el que presidió en 1994. Algunos de sus aliados son partidarios de elecciones si llegara a producirse la condena.

El primer ministro puede contar con las declaraciones a su favor de algunos ex ministros democristianos, como Paolo Cirino Pomicino, o el ex ministro de Industria en la época de la venta del grupo SME. Un episodio enrevesado como un culebrón, que se inicia en mayo de 1985, cuando Carlo de Benedetti, propietario de Buitoni, alcanzó un acuerdo con el presidente del IRI, Romano Prodi, por el que el instituto público le cedía el 51% del coloso alimentario SME a cambio de algo menos de medio billón de liras. Craxi, cuyas relaciones con De Benedetti no eran fluidas, consideró escandaloso el trato y empujó a Berlusconi y a otros empresarios a pujar. Hubo tres nuevas ofertas y el IRI se vio obligado a estudiarlas. Ante las protestas de De Benedetti, Amato, entonces subsecretario de la Presidencia, y el propio Prodi, declararon en un comunicado que el acuerdo con Buitoni no era definitivo al faltar el aval del Ministerio de Industria. De Benedetti recurrió la decisión, pero perdió el juicio y su apelación posterior.

En 1995, Stefania Ariosto, ex novia de Vittorio Dotti, un abogado del grupo de amigos y asesores de Berlusconi, dijo que esas sentencias habían sido "compradas" con dinero de Berlusconi. El proceso comenzó en marzo de 2000. Y podría estar listo para sentencia este verano, con Berlusconi al frente de la UE.