La sindicatura vuelve a retrasarse en la entrega de sus informes

La Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza el dinero de las administraciones públicas en Cataluña, está incumpliendo el calendario de entrega de informes al Parlament que ella misma fijó a finales de enero para intentar zanjar su crisis. La entrega de dos estudios -el de Barcelona Regional y el de los fondos de ocupación en el Baix Llobregat- acumula un retraso de más de un mes, y difícilmente entrarán en la Cámara antes de junio. El Partido Popular ha pedido por carta al presidente de la Cámara, Joan Rigol, que reclame los trabajos de forma "urgente e inmediata"

El 21 de enero los siete síndicos entregaron solemnemente al Parlament el documento Programa de normalización institucional, con el que aspiraban a sellar la paz internamente tras más de dos años de guerra civil en una institución clave para el control de las administraciones públicas. El documento contenía también un compromiso con el Parlament para poner fin a las tradicionales demoras el envío de informes a la Cámara y establecía unos plazos de entrega hasta el final de la legislatura.

Los plazos fueron fijados por los propios síndicos, pero no son respetados. De los cuatro informes que debían entregarse antes de concluir el primer trimestre del año -por tanto, antes del 31 de marzo-, sólo dos han sido enviados a la Cámara. Pese a que hace ya más de un mes que venció el plazo, otros dos informes todavía no han sido ni siquiera debatidos por el pleno de la sindicatura, con lo que difícilmente entrarán en el Parlament antes de junio.

Los dos informes que llevan retraso son el que fiscaliza a Barcelona Regional -una empresa vinculada al Ayuntamiento de Barcelona- y el que estudia la gestión de los fondos de formación ocupacional de una patronal del Baix Llobregat. Según fuentes de la sindicatura, el primero es responsabilidad de Jacint Ros Hombravella, avalado por Esquerra Republicana (ERC), y del segundo se encarga Marià Nicolàs, el síndico mayor elegido con los únicos votos de Convergència i Unió (CiU).

En conversación con este periódico, Ros Hombravella aseguró que el informe de Barcelona Regional está prácticamente ultimado y aseguró que en un plazo breve lo llevará al pleno de la sindicatura. En cambio, Nicolàs rechazó tajantemente informar de la situación del estudio sobre los fondos ocupacionales del Baix Llobregat. Una portavoz del síndico mayor aseguró que éste no quiere hablar con ningún periodista ni facilitar información alguna.

'Caso Pallerols'

El retraso en este último informe tiene una relevancia especial porque afecta previsiblemente a la entrega de otro encargo que también es responsabilidad de Nicolàs: el del caso Pallerols -de presunta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los fondos ocupacionales-, que el Parlament le obligó a rehacer. Según el calendario de la sindicatura, este informe debe entregarse antes del 30 de junio.

El retraso en los plazos de entrega ha provocado la indignación del presidente del grupo del Partido Popular (PP), Alberto Fernández Díaz, quien ha dirigido una carta al presidente del Parlament, Joan Rigol, en la que le insta a reclamarlos para que se presenten de forma "urgente e inmediata". Fernández Díaz considera "inaceptable" que la sindicatura "no haya entregado todavía el informe habiendo sobrepasado con creces el plazo que la propia institución se fijó para presentarlo".

Cuatro de los siete síndicos -entre ellos, el polémico síndico mayor, Marià Nicolàs, y su antecesor, Xavier Vela- acaban su mandato el próximo 18 de junio. A pesar de que varios partidos han insistido en la necesidad de promover cambios en la institución, su relevo -que requiere un amplio consenso parlamentario- se aplazará con toda seguridad hasta la próxima legislatura, según fuentes parlamentarias.