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Editorial:

La pieza equivocada

Mucho y bien tendrá que explicarse la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para justificar por motivos técnicos su oposición a la OPA presentada por Gas Natural sobre la compañía eléctrica Iberdrola. No es fácil encontrar razones para rechazar la OPA si se atiende solamente a los aspectos regulatorios, y por ello es necesario examinar con cuidado los argumentos técnicos que exponga la CNE. En principio, sólo es posible examinar los razonamientos que, según la prensa, se utilizaron en los debates internos de la Comisión, en los que puede apreciarse a simple vista la negativa radical de los consejeros nombrados a instancias del PP.

Dos razones parece estar utilizando el regulador para oponerse a la OPA. Por una parte, apela al riesgo de que la compra de Iberdrola debilite la posición financiera de Gas Natural hasta el punto de que comprometa el programa de inversiones necesario para contruir la infraestructura gasística que necesita el país; por otra, teme la hipótesis de que los recursos obtenidos por actividades reguladas (ingresos por tarifas) se desvíen hacia otros mercados o negocios. El primer argumento invita a la melancolía; si el producto de la unión de dos grandes empresas como Gas Natural e Iberdrola no puede acometer las inversiones necesarias, cabe preguntarse quién podrá. El segundo tampoco se sostiene con demasiada firmeza, porque las compañías eléctricas hoy obtienen ingresos procedentes de actividades reguladas sin que exista el mínimo control sobre el destino de tales ingresos.

Si los argumentos fueran éstos o similares, el veto de la CNE a la OPA constituye un error; no hay razones regulatorias sólidas en contra de la operación por lo mismo que no las había en el caso de Endesa e Iberdrola. Porque la OPA de Gas Natural, se mire como se mire, es una operación legítima, que en principio debería quedar sometida única y exclusivamente a la sanción de los accionistas de Iberdrola y a las cautelas de las autoridades de competencia para evitar el control del mercado. El veto desde la instancia de la Comisión Nacional de la Energía proporciona indicios preocupantes de que el principal motivo de oposición a la OPA es político y que probablemente se está agitando de nuevo en el entorno del Gobierno el espantajo del nacionalismo periférico invasor. Con el agravante de que deja en mal lugar la credibilidad de la Comisión Nacional de la Energía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de mayo de 2003