La orden de protección a las maltratadas entrará en vigor con retraso

La puesta en marcha de la orden de protección para las víctimas de la violencia doméstica se retrasa. Pese a que el ministro de Justicia, José María Michavila, anunció que la nueva figura entraría en vigor el 28 de abril, no ha sido posible que su estreno coincidiera con la implantación de los juicios rápidos, iniciada ayer. La futura medida permitirá amparar de forma inmediata a las maltratadas.

El objetivo de la nueva orden, que dictarán los jueces, es ofrecer protección rápida e integral a las víctimas de la violencia doméstica para que denuncien su situación. El ministro de Justicia anunció esta medida el pasado 5 de febrero ante la subcomisión del Congreso encargada de proponer medidas para luchar contra esa lacra social. Un mes después, Michavila concretó que la orden sería una especie de "ventanilla única" que permitirá a los jueces ordenar en un plazo máximo de 72 horas medidas penales cautelares (prisión provisional para el agresor, inhabilitación para ejercer la patria potestad...) y civiles provisionales (atribución urgente del domicilio a la víctima o retirada de la custodia de los hijos al agresor, entre otras). Estarán vigentes hasta la celebración del juicio rápido por la agresión. La orden también permitirá activar las medidas sociales y asistenciales en favor de las víctimas, según el proyecto del ministerio.

Aunque todos los grupos parlamentarios respaldaron la iniciativa, cuya entrada en vigor estaba prevista para ayer, ésta se ha demorado. Ni Justicia ni el PP concretan ahora una fecha para la puesta en marcha de la nueva figura. Aún están por aprobar las reformas normativas necesarias para implantarla.

"Era muy difícil que la medida entrara en vigor hoy (por ayer), pero no cabe hablar de retraso", aseguró la diputada popular María Jesús Sainz. Añadió que está prevista una nueva reunión de los parlamentarios con representantes de Justicia, Fiscalía del Estado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "para tratar de encajar la orden de la mejor manera posible". Sin embargo, en medios del CGPJ aseguran que ya está redactado el nuevo articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, una vez aprobado por el Parlamento, permitirá la puesta en marcha de la nueva figura. En medios parlamentarios confían en que podrá tramitarse por la vía de urgencia.

El retraso sobre el calendario anunciado merece la crítica de la oposición. "No sabemos a qué se debe. Además, durante todo el mes de abril no se ha celebrado ninguna reunión para poner en marcha la orden y tampoco se han aprobado definitivamente las conclusiones de la subcomisión contra la violencia doméstica", afirmó la diputada socialista Micaela Navarro. "No hay excusa para el retraso. El Gobierno debe cumplir los plazos a los que se comprometió", aseguró la parlamentaria de Izquierda Unida Marisa Castro

En el PP quitan hierro a la situación. "Hoy (por ayer) ya se ha dado un paso muy importante en la lucha contra la violencia doméstica con la implantación de los juicios rápidos también para estos casos", aseguró Sainz.