Francia quiere atajar su déficit público con un recorte en el Estado de bienestar

Acosado por el aumento del déficit público y las dificultades para financiar los gastos sociales, el Gobierno francés ha escogido el final de la guerra en Irak para lanzar un plan de recortes del Estado de bienestar. El periodo de cotización para lograr la pensión máxima se elevará en 2020 a 42 años (actualmente es de 37,5 años en la función pública y 40 en el sector privado), la cuantía de la pensión se verá reducida entre un 20% y un 30% y se anuncia un nuevo sistema de subsidios mínimos a los desempleados para hacerlos menos atractivos a sus beneficiarios.

Como las convulsiones sociales francesas suelen producirse en mayo, los sindicatos, con el apoyo de la izquierda política, han decidido ir a la prueba de fuerza con el Gobierno el mes próximo con una primavera caliente.

La sociedad francesa era la envidia de Europa porque sus funcionarios podían jubilarse a los 57,5 años de edad, y los trabajadores del sector privado, a los 60, siempre que aquéllos cotizaran 37,5 anualidades y 40 en el segundo caso. El Gobierno quiere matar ahora dos pájaros de un tiro: equipara a las dos clases de trabajadores, exigiéndoles a todos idéntico tiempo de cotización, y les alarga el tiempo necesario, que será de 41 años para todos en la perspectiva del año 2012, siempre que quieran alcanzar el máximo de pensión.

Los que se jubilen a partir de 2020 tendrán que haber trabajado 42 años. No se les prohíbe retirarse al cumplir los 60 de edad, pero podrían hacerlo sólo si han empezado a cotizar a los 18. El Gobierno francés no camina hacia la potenciación de los planes privados de pensiones, pero sí está dispuesto a incentivar los planes de ahorro empresarial y de las mutualidades de funcionarios.

A falta de cifras oficiales sobre la cuantía de las pensiones resultantes, los observadores creen que la pensión representará dos tercios del "salario de referencia" que se emplee para el cálculo, frente a las cuatro quintas partes que les quedan ahora a los jubilados. En opinión de la Confederación General de Trabajadores (CGT), un funcionario que gane 1.400 euros mensuales netos recibirá una pensión de 1.120 euros si se jubila este año, se reducirá a 982 si se retira en 2008 y a 907 si lo hace en 2020; y un trabajador privado, con ese mismo sueldo, tendrá este año una pensión de 1.148 euros, de 1.106 en 2008 y de 743 en 2020.

Y esto no es todo. Otro proyecto significativo afecta a los perceptores del subsidio mínimo de inserción (RMI, en las siglas francesas), que se paga a más de un millón de franceses, a razón de 411 euros por persona y mes. La cantidad se encuentra tan próxima al salario mínimo, que se atribuye a buena parte de sus beneficiarios un gran interés por no encontrar trabajo. En muchos casos, un subsidiado que firma un contrato pierde el derecho a rebajas de impuestos o ayudas de alojamiento, con lo cual termina perdiendo dinero.

Para terminar con esta situación, el Gobierno ha ideado un contrato de trabajo a tiempo parcial (20 horas semanales, pagadas con el salario mínimo) que supondría unir una remuneración productiva al subsidio público ya percibido, incentivando a los patronos con rebajas de las cargas sociales. De esta forma, a la larga disminuiría el número de subsidiados.

Dentro de la revisión del Estado de bienestar, ya ha entrado en vigor un recorte del gasto sanitario, mediante el que la Seguridad Social reduce a la mitad el porcentaje que financia de más de 600 medicamentos.

Calendario corto

La gestión del paquete de reformas pone a prueba al ministro de Trabajo, François Fillon, y al primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, que se juegan sus carreras políticas en este envite. El calendario previsto es corto: en la parte referida a las pensiones, la reforma será debatida en el partido gubernamental, UMP, el 5 de mayo y a finales de mes debería estar aprobada en la Asamblea Nacional. Raffarin se propone pedir un voto de confianza de la Cámara en caso de encontrar resistencias en el seno de la mayoría gubernamental.

La izquierda política, desaparecida del escenario desde su derrota electoral de hace un año, ha resucitado gracias a este proyecto, sumándose a las movilizaciones antigubernamentales de los sindicatos. La secretaria general de Partido Comunista, Marie-George Buffet, denuncia "un terrible retroceso de la civilización", y el primer secretario de los socialistas, François Hollande, presionado por el congreso que su partido ha de celebrar en dos semanas, opta por la defensa numantina del derecho a jubilarse a los 60 años con pensión plena. La extrema izquierda, en fin, habla de "asesinato social".