La Fundación Deportiva de Valencia se saltó la ley en su bolsa de trabajo

La Fundación Deportiva Municipal se saltó la ley en la bolsa de trabajo creada en mayo de 2002 para cubrir 250 plazas vacantes y eventuales. Según el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (CJC), debió ser el pleno de Ayuntamiento de Valencia y no la propia fundación quien revisara la bolsa después de que los sindicatos observaran irregularidades en la baremación de las 558 instancias presentadas.

Familiares de concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia fueron privilegiados por el tribunal calificador de la Fundación Deportiva Municipal, según los sindicatos STA y Comisiones Obreras, que denunciaron la bolsa tras observar numerosos errores en la baremación de las 558 instancias evaluadas. Entre los favorecidos figura el marido de la secretaria del concejal de deportes, Cristóbal Grau; la hija del presidente del comité de empresa de la fundación, Julián Felipe; y familiares de los concejales socialistas José Sellés y Ricardo Olmos. Éstos representan a la oposición en la junta rectora de la Fundación.

El Consistorio admitió haber incurrido en irregularidades tras la inspección realizada por los sindicatos, que solicitaron una revisión de oficio. Ésta debió ser realizada por el pleno del ayuntamiento y no por la propia fundación, que según el CJC "prescindió del trámite de audiencia a los interesados, causándoles con esa forma de proceder una gran indefensión". Esto es: la Fundación Deportiva Municipal no comunicó a los aspirantes que se iba a proceder a una revisión. Ésta, por cierto, puso en evidencia el criterio evaluador del tribunal. Por ejemplo, Luis Gago Molina, marido de la secretaria del concejal de Deportes, pasó de estar entre los primeros 70 baremados al puesto 472 una vez revisada la bolsa. Fue contratado. O Anna Felipe Villena, hija del presidente del comité de empresa de la fundación, pasó del 67 al 510. También fue contratada. El tribunal calificador de la fundación, cuyo presidente es el concejal de Deportes, Cristóbal Grau, adujo para justificar la irregular baremación de los aspirantes la "enorme documentación a estudiar" y la "celeridad" con que tuvo que llevar a cabo el proceso selectivo.

El CJC también indica que el Ayuntamiento debió publicar los criterios evaluadores, algo que no ocurrió cuando se creó la bolsa ni cuando se efectuó la posterior revisión. En este sentido, el dictamen del CJC es claro: "El procedimiento de revisión de oficio sólo podrá llevarse a cabo cuando corresponda..., a cuyos efectos tendrá que disiparse toda duda de legalidad durante su instrucción, lo que, comportará, al menos, la práctica del trámite de audiencia de los aspirantes que puedan resultar afectados por la nueva valoración que se pretende, previa publicidad de los criterios generales de la valoración de los méritos de la fase del concurso aprobados por el tribunal selectivo...", dice el dictamen.

La bolsa de trabajo fue paralizada tras la revisión de oficio solicitada por los sindicatos. Sin embargo, los contratos firmados el pasado junio siguen vigentes. Esto significa que se han generado durante el último año unos derechos entre los afectados. Éstos, según fuentes sindicales, podrían reclamarle al ayuntamiento los sueldos que han dejado de percibir durante el último año, además de una indemnización.