Una clínica de estética presenta un recurso contra la sanción de Salud

La clínica de estética Urdiales de Málaga -una de las 20 sancionadas por la Delegación de Salud con un total de 93.000 euros de multa- ha acudido a la vía contencioso-administrativa al entender que la penalización es improcedente. El recurso fue presentado el viernes pasado, tras haber concluido el plazo que tenía la Consejería para responder al recurso de alzada sin que haya comunicado ninguna resolución. Los responsables del centro sanitario entienden que había silencio administrativo y que por tanto quedaba abierta la vía judicial.

La multa de 21.035 euros que le impuso Salud al establecimiento se basaba en la negativa de su dirección a facilitar las historias clínicas a un inspector. El recurso se fundamenta en que fue la asesoría jurídica del Colegio Médico la que indicó que no debía entregar esos documentos. La organización colegial apuntó en su día que "hay que prestar la absoluta colaboración a los órganos de la Administración para la labor inspectora que desarrollan, pero siempre con la prudente garantía de salvaguardar el derecho de confidencialidad de la historia clínica de pacientes a cargo del facultativo que, como en el caso presente, no está vinculado con la Administración, ni constituye parte del sistema nacional de salud, por lo que no puede invocarse la Ley General de Sanidad para la pretensión de acceso a las historias clínicas de consultas privadas". Según el recurso, la clínica no hizo más que obedecer a la asesoría jurídica del colegio profesional.

Salud abrió en Málaga 26 expedientes sancionadores a lo largo de 2002 por falta de autorización para funcionar de los establecimientos, permisos incompletos, ejercicio de una actividad que excedía la autorización concedida, publicidad engañosa u obstrucción de la labor inspectora. Veinte expedientes terminaron con multas de entre 3.005 y 21.035 euros, cuatro están aún en trámite y sólo dos fueron sobreseídos. Salud asegura que no teme a las acciones judiciales porque sólo cumplió con su obligación: velar porque los profesionales tengan la formación exigida y que los centros ofrezcan las garantías requeridas por la legislación vigente.