El Gobierno desoye al Poder Judicial y no modifica la Ley del Jurado

La propuesta de la mayoría conservadora del Poder Judicial, que componen 11 vocales elegidos a propuesta del Partido Popular, para modificar la Ley del Jurado y eliminar el cuarto turno como método de acceso a la judicatura ha caído en saco roto. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto que reforma la Ley del Poder Judicial sin incluir las sugerencias planteadas por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial.

La reforma de la Ley del Poder Judicial propugna que se modifique la organización, los métodos de trabajo y de gestión de la Administración de Justicia. Entre sus puntos más destacados se encuentra la atención a los ciudadanos por las tardes, la implantación de oficinas de atención al ciudadano y el hecho de descargar a los jueces de las tareas de gestión de recursos humanos y materiales para que se puedan dedicar exclusivamente a dictar sentencias.

A partir del 28 de abril, con la aplicación de los juicios rápidos, los juzgados pasarán a trabajar en horario de mañana y tarde incluso los domingos, mientras que el sábado pasa a ser día no hábil.

También se reconoce el derecho de los jueces a obtener permisos por el nacimiento de un hijo o por fallecimiento, accidente o enfermedad de familiares

Asimismo, la antigüedad dejará de ser el principal criterio de promoción en la carrera judicial y se fomentarán los principios de mérito y especialización.

- Reforma del Código Penal. El Consejo de Ministros remitirá a las Cortes un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. Esta reforma define 12 tipos penales nuevos entre los que se encuentran la sustracción de teléfonos móviles, el maltrato de animales domésticos o la violencia en el deporte. Además, se amplía el ámbito de lucha contra otros delitos como la pornografía infantil o el narcotráfico y se suprimen, por ineficaces, los arrestos de fin de semana.

También se ha previsto potenciar algunas penas como el alejamiento, los trabajos en beneficio de la comunidad y la localización permanente, lo que obligará al penado a estar controlado mediante una pulsera electrónica durante el tiempo que estime oportuno el juez.

- Reforma del Convenio Económico con Navarra.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley de modificación del Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra, que recoge la creación de un nuevo impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, así como otro proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria.

- Traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía y Murcia. Se aprueban dos reales decretos por los que se traspasan las políticas activas de empleo a las comunidades de Andalucía y Murcia; aún queda pendiente la de Euskadi. En el caso andaluz, la transferencia tiene un coste de 50,5 millones de euros y comprende 1.267 puestos de trabajo y 216 inmuebles. Andalucía gestionará 253 millones de euros anuales de subvenciones con este traspaso. En el caso de Murcia, se trata de 197 puestos de trabajo, 23 inmuebles y costará al Estado 5,6 millones de euros.

- Obras públicas. Se licita el tramo del tren de Alta Velocidad entre Figueres y Perpiñán con un presupuesto de 714 millones de euros.

- Nombramientos. Jaime Haddad Sánchez de Cueto, director general de Planificación Económica, y Fernando Sáinz Moreno, nuevo director general del Instituto Nacional de Administración Pública.