Enseñanza rechaza las dimisiones de los directores de Tarragona

La consejera Carme-Laura Gil afirmó ayer que no acepta la dimisión de los 17 directores de escuelas públicas de primaria de Tarragona en protesta contra Enseñanza, que consideran que favorece a los centros concertados. A pesar de que había plazas suficiente en las escuelas públicas, Gil defendió la apertura de líneas en escuelas concertadas de la ciudad apelando, una vez más, al derecho de los padres a escoger la escuela de sus hijos.

La consejera afirmó: "A ningún padre se les puede obligar a ir a un centro que no quiere. Nos hemos de poner en la piel de los padres y de la educación que eligen para sus hijos, sobre todo cuando legalmente lo pueden hacer"

Pero en el instituto público Mercè Rodoreda, en L'Hospitalet de Llobregat, se preguntan, en cambio, si ese derecho sólo es válido para los padres que reclaman plaza en los centros concertados. "En la preinscripción hemos tenido peticiones suficientes para abrir una línea más, pero Enseñanza no nos la ha concedido alegando que los jóvenes pueden ir a otros centros", explicó ayer Lluïsa Escudé, directora de este centro.

Lo cierto es que la dimisión en bloque de los directivos de Tarragona en protesta contra la política de favoritismo de la Generalitat hacia los centros privados ha abierto, una vez más, un encendido debate sobre los centros públicos y los concertados. Carme-Laura Gil dijo ayer en Lleida que la Generalitat no aceptará las dimisiones presentadas por 17 directores de escuelas públicas de primaria de la ciudad de Tarragona. "Son unos grandes profesionales de los que no pensamos prescindir", afirmó. Los docentes dimitieron el jueves como protesta contra la política educativa del Departamento de Enseñanza, al que acusan de favorecer a las escuelas privadas concertadas. Gil, que inauguró las nuevas dependencias de la delegación de Enseñanza en Lleida, confía en que el conflicto de Tarragona se resuelva pronto sin necesidad de intervención.

Los sindicatos opinan que lo ocurrido en Tarragona "es una muestra más de la falta de planificación de Enseñanza y de malbaratamiento de fondos públicos", aseguró Jaume Graells, de UGT. Graells puso como ejemplo que a uno de los centros concertados de Tarragona a los que se les ha concedido una nueva línea "se le había retirado hace tres años, con la consecuente indemnización con dinero público". A juicio de Luz Jabardo, de CC OO, el problema es que parece que "la Generalitat no quiere asumir sus obligaciones y se limita a regirse por la ley de la oferta y la demanda".

La concentración de alumnado de procedencia inmigrante en los centros públicos es una de las consecuencias de la falta de planificación, "por lo que las familias autóctonas huyen del gueto, lo que no quiere decir que rechacen la diversidad".