La posguerra de Irak y los fantasmas de Guantánamo

La guerra de Irak ha terminado con la caída de la dictadura y la desaparición misteriosa de sus principales protagonistas. Esta evanescencia física, nos recuerda que todavía permanecen, en situación semejante, metafóricamente hablando, los detenidos de Al Qaeda, después del 11 de Septiembre y del derrocamiento del régimen de los talibanes afganos.

Desde hace tiempo, venimos asistiendo a mutaciones asombrosas en el mundo del Derecho, que inevitablemente tienen que ser contempladas, con una sensación de perplejidad y, sobre todo, de preocupación.

Cuando creíamos superadas todas las aberraciones jurídicas que estamos soportando, en nombre de una seguridad que no admite trabas ni limitaciones legales, nos encontramos con una sentencia de un Tribunal Federal de Washington, cuyo texto completo no conozco, que nos deja desconcertados y casi sin capacidad de reacción.

Se ha decidido, en nombre de la ley, que los habitantes de las jaulas de Guantánamo, carecen de derechos legales en Estados Unidos. No conozco, a ciencia cierta y con el rigor que nos debe caracterizar a los juristas, cuál ha sido la extraña y fantástica pirueta jurídica realizada por mis colegas de la capital estadounidense para llegar a una conclusión tan asombrosa, que hace añicos siglos de cultura jurídica y de respeto a las libertades, retrocediendo en el tiempo, a situaciones que ya solo contemplábamos en los libros de texto o en las producciones cinematográficas.

Hasta el momento presente creíamos, según proclamaron, hace mas de doscientos años, los ciudadanos del buen pueblo de Virginia, que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos. El ser humano, según todos los textos que vertebran el mundo civilizado, tiene una doble personalidad, jurídica y moral y nadie puede privarles de ellas, sin violar las normas esenciales de la convivencia.

Los jueces que han dictado esta resolución han alumbrado una tercera naturaleza de personas vivientes. El derecho sólo distinguía entre nacionales y extranjeros y ahora proclama, sin rubor, que los prisioneros que deambulan por la base americana de Guantánamo son una especie de seres fantasmales que no están sobre la faz de la tierra, ya que no tienen un solar en el que se les reconozca su existencia legal. Las leyes norteamericanas no les alcanzan y ninguna otra ley o convenio internacional, puede salir a recogerlos y ampararlos, frente al vacío jurídico en que se encuentran.

Parece que la tecnología punta de la Agencia Espacial Norteamericana les hubiera colocado en el espacio sideral, convirtiéndoles en auténticos extraterrestres que flotan en un espacio sin ley, donde ni siquiera produce sus efectos la ley de la gravedad. Han desaparecido de la faz legal de la tierra y carecen de un espacio para expresar su protesta o acabar definitivamente con su dolor.

Las preguntas que nos asaltan son variadas: si no tienen derechos legales, ¿cuál ha sido la ley que permite mantenerlos en este estado? Si son torturados e incluso si fallecen ¿tendrán una lápida que permita a su familiares recobrar su cuerpo y sus derechos? Si alguno de estos seres, en un descuido de sus guardianes, decide suicidarse ¿engrosará la estadística de los desesperados o permanecerá en la nada en la que han sido colocados?

En tiempos pretéritos, el sistema represivo, dogmático y cruel, manejaba indistintamente la muerte física de los extraños a la sociedad, e incluso, hasta tiempos relativamente cercanos, se conservó, como opción intermedia, la muerte civil que privaba al condenado de todos sus derechos innatos e incluso de personalidad jurídica. Superada la Inquisición y sus sucedáneos posteriores, creíamos que el sistema, aunque fuese de manera imperfecta, había establecido unas reglas mínimas, que permitieran conciliar la represión de los hechos delictivos, con el reconocimiento de unos derechos inalienables, de los que no dudaban los fundadores de Estados Unidos y que constituyeron un ejemplo para el resto del mundo.

Cuando las dictaduras argentina y chilena escogieron como método de represión de los disidentes la desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial de los enemigos, la comunidad de naciones libres no dudó en calificar esas conductas como crímenes contra la humanidad, que provocaron el repudio de todos los seres civilizados y el castigo de algunos de los culpables.

La perseverancia de los familiares de los desaparecidos ha permitido mantener vivo el desprecio a los asesinos. Nadie puede relegar al olvido este comportamiento degradante para la dignidad de los que lo practicaban y causa de un sufrimiento infinito a sus víctimas y familiares. Me parece oportuno citar un texto de Julio Cortázar que figura en el libro El rechazo del olvido que es el producto de los trabajos de una reunión celebrada en París, en el año 1981, para denunciar y condenar la política de desaparición forzada de personas: "Si es verdad que toda muerte humana entraña una irrevocable ausencia, qué decir de esta ausencia que se impone como una presencia abstracta, como la negación obstinada de la ausencia final. Por encima de las consideraciones jurídicas y de la búsqueda de normas de derecho interno e internacional, es un pueblo de sombras el que nos habla".

No escuchamos físicamente los gritos de los fantasmagóricos habitantes de las jaulas de Guantánamo, pero no podemos aceptar en silencio este comportamiento inhumano, cruel y vengativo sin que nos martillee nuestra conciencia de ciudadanos de un mundo que creíamos que había superado estos horrores.

Pero no perdamos del todo la esperanza. Sabemos con certeza que los desaparecidos de las dictaduras suramericanas están muertos. Los fantasmas de Guantánamo pueden tomar cuerpo y resucitar, en el momento en que la Administración norteamericana recupere la cordura, restaure el orden jurídico y respete sus propios valores constitucionales. Afortunadamente parece que se observan signos de una leve evolución, hacia espacios jurídicos más compatibles con un Estado democrático.

Hace unos días se publicó que "algunos" de los detenidos serán finalmente enjuiciados por tribunales militares y asistidos por defensores castrenses. Todo ello a pesar de que no son considerados prisioneros de guerra sino "combatientes ilegales". El resto permanecerá, de momento, en el mundo de la inseguridad jurídica, carentes de toda posibilidad de ejercitar sus derechos.

El juicio a los "fantasmas" será, sin duda una experiencia apasionante y digna de ser contemplada, pero no creo que contribuya al progreso de la historia de la civilización, uno de cuyos hitos es el proceso penal garantista al que tanto ha contribuido la cultura democrática de la mayoría de la sociedad norteamericana.

Si no somos capaces de invertir este sesgo perverso del Derecho, que nadie conciba esperanzas sobre la posibilidad de que, después de la guerra, vivamos en paz y bienestar y con la conciencia tranquila.

José Antonio Martín Pallín es magistrado del Tribunal Supremo.