Arenas ofrece por carta a Ibarretxe el traspaso de las políticas de empleo

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ofreció ayer al lehendakari, Juan José Ibarretxe, el traspaso de las políticas activas de empleo y de la formación profesional ocupacional en las mismas condiciones en que disponen de ellas las demás autonomías. La carta de Arenas a Ibarretxe, a la que tuvo acceso este diario, insiste en el "compromiso del Gobierno [central] en el pleno desarrollo del Estatuto vasco dentro del marco constitucional" y responde a "las reiteradas manifestaciones del Gobierno vasco en las que ha expresado su voluntad de desarrollar plenamente el marco estatutario".

El Ministerio de Administraciones Públicas argumenta esta iniciativa en que el País Vasco es la única comunidad autónoma con la que permanece abierta la negociación de estas materias, las más importante de las pendientes, a juicio del Gobierno, en el proceso estatutario. Andalucía y Murcia, las otras comunidades sin esas competencias, acaban de pactar los traspasos de estas materias y el Consejo de Ministros dará hoy luz verde a los mismos.

Junto a la carta, Arenas remite a Ibarretxe un proyecto concreto de traspaso de ambas materias. Es la primera vez que Administraciones Públicas lo formaliza. En abril de 2002, el entonces responsable de ese departamento, Jesús Posada, planteó la oferta a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, de modo genérico. Las negociaciones no llegaron a cuajar porque tras la propuesta del lehendakari de "libre asociación" de Euskadi con el Estado se rompieron los contactos entre ambos gobiernos.

'No' a la recaudación

Administraciones Públicas propone ahora al Gobierno vasco un traspaso en dos fases: primero, la formación profesional ocupacional y, posteriormente, la competencia del pago de los subsidios de desempleo. Al formalizarse el traspaso en las mismas condiciones que a las demás comunidades autónomas, el ministerio rechaza la pretensión del Gobierno vasco de recaudar la parte de la cuota de los trabajadores de la formación profesional ocupacional en la Seguridad Social. El ministerio considera que la materialización de esa reclamación vasca "rompe la caja única de la Seguridad Social" y carece de base jurídica en la Constitución y el Estatuto vasco.

La oferta del Gobierno central tiene una clara intención política. Cuando dice que "el Gobierno [central] considera prioritario impulsar de forma efectiva el Estatuto del País Vasco (...) dentro de la Constitución" trata de cubrirse ante las críticas que el nacionalismo le dirige de haber bloqueado el desarrollo estatutario, según fuentes gubernamentales.

La carta de Arenas finaliza con la oferta a Ibarretxe de "iniciar de manera inmediata las reuniones de la ponencia técnica", con lo que trata de pasar la pelota al tejado del Gobierno vasco, según las mismas fuentes.