Necesidad de la Protección Oficial

No puedo estar más disconforme con las conclusiones del estudio presentado recientemente por la Unión de los Empresarios de la Construcción de Alava (UNECA), que se recogía el pasado lunes en estas páginas, por el que los promotores pretenden reducir las reservas de suelo para vivienda de protección oficial (VPO). Entre otras cosas, porque además ocultan conscientemente a la población datos que conocen sobre la evolución reciente de los precios de la vivienda en Euskadi o sobre la legislación vigente en materia de reservas de suelo para VPO.

Mucho me temo que estas declaraciones de UNECA estén animadas por otro interés, cual es el de trasladar su enfado por la limitación a la adjudicación a dedo de las viviendas de protección oficial de promoción privada; limitación que se ha introducido en la normativa aprobada por el Gobierno vasco a finales de 2002. Parece que UNECA prefiere tener más libertad para adjudicar viviendas protegidas y por eso quiere que se reduzcan los suelos para VPO y se aumenten los de vivienda libre.

La revitalización de la VPO, al que los promotores achacan la causa de sus desgracias, se ha producido en los dos últimos años, y especialmente en 2002, como consecuencia de la nueva política de vivienda que está impulsando Ezker Batua desde el Gobierno vasco. Y hay que decir que, precisamente en este año 2002, se ha producido un clarísimo cambio de tendencia en la evolución de los precios en Euskadi, de modo que hoy nos encontramos entre las comunidades autónomas cuyos precios crecen menos. En concreto, mientras en el conjunto de España los precios de la vivienda libre han crecido un 16% de promedio en 2002, en la Comunidad Autónoma Vasca esa subida ha sido tan sólo de un 7%. Este dato lo conocen los promotores y cabría preguntarse por qué no lo incluyen en su informe.

Según el análisis de los promotores, los precios de la vivienda libre suben en Euskadi como consecuencia de las reservas de suelo para VPO. ¿Cómo explican entonces las subidas cercanas al 25% de los precios en comunidades como la de Madrid, en donde no han estado vigentes esas reservas?

Lo cierto es que los precios de la vivienda crecen como consecuencia de la política liberalizadora del PP y de la avaricia de muchos propietarios de suelo y no pocos promotores, que se han aprovechado de una demanda creciente de vivienda por parte de de ciudadanos que están dispuestos a pagar lo que sea por disponer de un techo donde vivir. En definitiva, se están aprovechando y enriqueciendo claramente a partir de la imposibilidad de muchas personas de ejercer un derecho básico como es el de la vivienda.

Y esto es lo que parece que quieren seguir haciendo algunos promotores, como los representados en UNECA. No tienen ningún reparo en despreciar la urgente necesidad de miles de personas que se encuentran inscritas en el Servicio Etxebide y no tienen forma de comprar una vivienda en el mercado libre. Se ríen de ellos diciendo que debe haber más suelo para vivienda libre, cuando saben perfectamente que eso sólo va a perpetuar la situación de imposibilidad de acceso a una vivienda. Hemos de considerar que el 84% de la población demandante de primer acceso a la vivienda no puede costear un precio superior a 150.000 euros. Y, si el límite lo ponemos en 180.000 euros, tan sólo el 2% de los demandantes son capaces de adquirir esas viviendas. Por lo tanto, la única forma de dar respuesta a esta población demandante es que las nuevas viviendas que se construyan sean mayoritariamente de protección oficial, tanto en venta como en alquiler social.

Y es a eso a lo que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, tanto los promotores como el Gobierno. De modo que, si en 2002 hemos iniciado 5.000 viviendas protegidas y 10.000 libres, en los próximos años podamos construir 15.000 protegidas y 10.000 libres. El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales no pretende perjudicar las expectativas empresariales de los promotores vascos. Al contrario. Deseamos que esas expectativas crezcan, pero dando respuesta a las necesidades de la población vasca. Sorprende que la postura de UNECA sea precisamente la contraria: la de perjudicar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas vascos y la de sus propios asociados.

Finalmente, quiero aclarar que la exigencia de reserva de suelo del 65% no se aplica a municipios de menos de 7.000 habitantes ni tampoco a los suelos calificados como urbanos (donde ese límite se establece tan sólo en el 20%). Tan sólo es de aplicación en suelos urbanizables. Esta situación la resolveremos en la ley del suelo, cuya presentación pública llevaremos a cabo en breve, y que sin duda será más rigurosa que la normativa vigente en lo relativo a reservas de suelo para VPO.

José Javier Deán Pinedo es viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco.