La ley de Cajas va al pleno sin acuerdo y queda en manos de Batasuna

Los grupos parlamentarios de PP y PSE-EE acusaron hoy al tripartito de actuar con "manifiesta intencionalidad política" ante los cambios que pretende introducir en la Ley de Cajas de Ahorros de Euskadi y anunciaron que mantendrán todas sus enmiendas a este texto para su debate en el pleno.

La Comisión de Economía de la Cámara de Vitoria aprobó ayer el dictamen del proyecto de modificación de esa norma, que será debatido en pleno el 7 de mayo. Los grupos del Gobierno sólo alcanzaron acuerdos en aspectos menores con los del PP y el PSE, pero mantienen sus diferencias en los temas de fondo, en particular sobre la intención de PNV, EA e IU de que se celebren elecciones para las asambleas de las cajas en seis meses.

Así, la modificación de la ley queda en manos de los diputados de la ilegalizada Batasuna, que ayer no asistieron a la comisión. Si éstos optan por no participar tampoco en el debate en pleno, el Gobierno podrá sacará adelante su plantemiento sin ningún problema.

Durante las más de tres horas de negociación, los grupos no alcanzaron acuerdos en torno a cómo se debe articular la representación en las asambleas generales de las cajas, cuál debe ser el sistema de elección de los consejos o la constitución de una nueva asamblea general seis meses después de entrar en vigor la nueva ley.

Las formaciones que apoyan el Ejecutivo vasco plantean que, en el plazo de seis meses desde la aprobación de los estatutos y reglamentos de las cajas de ahorros, se constituya una nueva asamblea general, para lo cual serían necesarias unas elecciones, medida rechazada por PP y PSE.

Además, también persisten diferencias sobre la presencia que deben tener en las asambleas los representantes elegidos en función de las sucursales situadas fuera del País Vasco. El tripartito mantendrá su intención de que las cajas que tengan sucursales fuera de Euskadi atribuyan a cada autonomía en la que estén presentes un número de consejeros, que sería proporcional a su número.

Hay divergencias igualmente sobre el reparto de la asamblea. PNV, EA e IU-EB pretenden que, en la asamblea general, las entidades fundadoras (diputaciones y ayuntamientos de las capitales) tengan una representación del 20%, los impositores, el 43%, los empleados, el 7%, y las corporaciones municipales en cuyo término tenga oficina la entidad, un 30%. El PSE defiende que que las entidades fundadoras tengan el 22%, los impositores el 40%, los empleados el 10%, los municipios el 15%, y las Juntas Generales el 14%, propuesta que ha sido rechazada por los grupos del tripartito. El PP también pide el 22% para los impositores y el 10% para los trabajadores.

Sin vocación de acuerdo

Durante el debate del dictamen, Víctor García (PSE) criticó la "nula vocación de acuerdo" por parte de los grupos que apoyan el Gobierno y advirtió de que el planteamiento del tripartito "es de dudosa constitucionalidad" y de "manifiesta intención política". García criticó que el tripartito no haya aprobado aumentar el número de sectores representados en las asambleas generales de las cajas y el "trato discriminatorio" concedido a los impositores en el proyecto del Ejecutivo vasco.

Anton Damborenea (PP) denunció que los acuerdos logrado s "han sido sobre temas muy menores" y señaló que PNV, EA e IU-EB no aceptan aumentar "la representación de los trabajadores" de las cajas. Además, criticó que estas formaciones "persistan en la obligatoriedad de convocar elecciones no previstas" para renovar la asamblea general.

Mikel Arraibi (PNV) indicó que en el texto presentado por el tripartito la representación de los trabajadores en la asamblea general pasaría de un 5% actual hasta un 7% y añadió que todo el proyecto "está basado en las normas generales". Oskar Matute (IU-EB) defendió su constitucionalidad.