El Gobierno multa a 92 militantes del SOC por las protestas del 'decretazo'

92 militantes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) han sido multados con 36.000 euros por su participación en las movilizaciones contra la reforma del subsidio agrario, incluidas dos concentraciones celebradas ante la sede regional del Partido Popular. El secretario general del SOC, Diego Cañamero, considera que estas sanciones, sumadas a otras 28 impuestas antes, responden a "un intento de criminalizar" el movimiento jornalero.

Luis Ocaña, asesor jurídico del SOC, explicó ayer que, de las 120 personas multadas desde mayo de 2001 por la Administración estatal, 92 lo han sido por movilizaciones contra la reforma del subsidio agrario y 28 por actos convocados por el convenio del campo de Sevilla. El importe total de las multas asciende a 42.000 euros (6.000 de ellos derivan de las protestas vinculadas al convenio y el resto del decretazo).

La imposición de las multas obedece, en algunos casos, a la participación en movilizaciones no autorizadas, cortes de carretera o piquetes de la huelga general, pero también las protestas autorizadas han dado lugar a sanciones, como dos concentraciones ante la sede regional del PP en Sevilla los días 22 y 29 de octubre. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla justificó las multas por los "graves incidentes". En el acuerdo donde se notifica la apertura del expediente -con propuesta de multa individual de 3000 euros- se cita que "se lanzaron objetos contundentes con importante alteración del orden público y peligro para las personas y bienes, quedando acreditado que se produjeron daños importantes en la sede del PP".

Para el secretario general del SOC, Diego Cañamero, estas sanciones evidencian el "intento de criminalizar" un "movimiento que ha sido pacífico durante sus 25 años". Luis Ocaña señaló que están recurriendo todas las sanciones y que los 10 juicios celebrados hasta el momento han culminado en absolución siete casos y con pequeñas multas de 60 euros en otros tres.

En los asuntos pendientes con la justicia, Cañamero explicó ayer su caso personal, abierto tras la presentación de una acusación contra él y otros sindicalistas por Manuel Vargas Sevillano por supuestas lesiones. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, María José Pereira Maestre, ha impuesto al dirigente del SOC una fianza de 19.000 euros y le obliga a comparecer ante el juzgado los días 10 y 24 de cada mes hasta que se celebre el juicio oral. Cañamero justificó su desobediencia: "Hay que rebelarse contra la injusticia, pero contra la mentira más aún".

El SOC, por otra parte, estudia recurrir algunas de las exigencias de la renta agraria, como la necesidad de estar empadronado durante 10 años. Diego Cañamero indicó que esto perjudica sobre todo a los emigrantes andaluces retornados y a los inmigrantes, aunque los extranjeros que percibían el subsidio agrario son 2.900, la mayoría en Almería, de un total de 320.000 beneficiarios.