El Gobierno central cede hoy las políticas activas de empleo a la Junta con seis años de retraso

Las firmas del ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, formalizarán hoy la cesión de las políticas activas de empleo a la Junta de Andalucía. Zarrías y Arenas pondrán así punto final a un largo y tumultuoso proceso de negociación, que el Gobierno del PP abrió en 1997. El retraso en la transferencia de estas competencias, que el Ejecutivos central ya ha traspasado en estos años a todas las comunidades salvo al País Vasco, ha sido uno de los principales motivos del enfrentamiento entre ambas Administraciones.

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, reanimó este fin de semana la polémica al lamentar la ausencia del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la firma del traspaso. En estos días, el Ejecutivo andaluz ha recordado que el presidente autonómico no forma parte de la Comisión Mixta de Transferencias. Chaves negó ayer el mérito del traspaso a Arenas. "Se resolvió en la entrevista que tuve [en febrero] con el ministro de Empleo, Eduardo Zaplana", aseguró.

La Junta responsabiliza a Arenas del retraso en un proceso que él mismo abrió en junio de 1997, cuando era ministro de Trabajo. Entonces firmó el primer traspaso de las políticas activas de empleo con la Generalitat de Cataluña; no en vano la transferencia fue una de las condiciones que puso CiU para apoyar al PP en su primera legislatura al frente del Gobierno central. Antes de 2000 firmaron comunidades gobernadas por los populares y sus entonces aliados (Galicia, Canarias, Navarra, Valencia, Madrid...).

Las primeras negociaciones serias entre la Junta y el Gobierno tuvieron que esperar a 1998, tras un encuentro entre Arenas y Chaves. Un año después, el entonces consejero andaluz de Empleo, Guillermo Gutiérrez, auguró que Andalucía sería "la última de las comunidades históricas en recibir estas transferencias". Su vaticinio se quedó corto. Con la excepción del País Vasco, que además de las políticas activas de empleo exige las pasivas (las prestaciones por desempleo), el Gobierno ha firmado ya con todas las comunidades que faltaban. Andalucía ha perdido incluso el pulso por evitar el farolillo rojo con Murcia (PP), donde Arenas rubricó ayer el traspaso.

- Las competencias transferidas. Las políticas activas de empleo incluyen una panoplia de instrumentos públicos para facilitar que las personas paradas consigan un puesto de trabajo: los programas de formación y práctica laboral remunerada (escuelas-taller, casas de oficio, talleres de empleo), los centros para minusválidos, las agencias de desarrollo local o la intermediación para buscar ofertas de trabajo. El Servicio Andaluz de Empleo gestionará ahora estos instrumentos, para los que el Estado asigna a Andalucía unos 240 millones de euros al año.

- Estructura administrativa. 1.630 funcionarios, 190 oficinas y dos centros de formación pasan ahora del Inem a la estructura administrativa de la Junta. La cesión incluye que el Gobierno pague 36,5 millones de euros al año para sufragar las nóminas y costes del personal, además de 13,8 millones para los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las oficinas.