El Gobierno vasco pide a Piqué un plan industrial que asegure la continuidad de Babcock Borsig

Josu Jon Imaz, consejero de Industria del Gobierno vasco, pidió ayer en una carta enviada al ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, una reunión urgente, preferiblemente en Bilbao, para que el Ejecutivo central "le presente un plan industrial que asegure la continuidad de la empresa Babcock Borsig España y el mantenimiento del empleo". La empresa tiene una plantilla de 672 trabajadores en la planta de Sestao (Vizcaya).

La solicitud de Imaz responde a las múltiples peticiones del PP de que el Gobierno vasco intervenga y asuma alguna responsabilidad en el problema de la empresa privatizada, de la que se hizo cargo la alemana Borsig hace año y medio. Los alemanes, en suspensión de pagos desde hace un año, quieren salir de la propiedad. La supervisión de la empresa, en la actualidad sin carga de trabajo, está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Imaz señaló que la postura que ha mantenido el Ejecutivo vasco hasta ahora ha sido "discreta" con respecto al tema Babcock, en espera de que el PP asumiera sus obligaciones como único responsable del proceso de privatización de la antigua Babcock & Wilcox. Asimismo, aseguró que "el PP tendría que haber presentado un plan industrial alternativo y cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores". Imaz recordó que el Parlamento vasco ya hace cinco meses que pidió información sobre la situación de la empresa y acusó al Gobierno central de querer desviar las responsabilidades al Ejecutivo de Vitoria.

La empresa se encuentra a la espera del informe que la consultora alemana Roland Berguer está elaborando sobre el futuro de la planta vasca. El informe, encargado por Borsig, será trasladado a la SEPI mañana. Los alemanes, en un avance, aseguraron a la sociedad pública que el futuro pasa por la venta parcial y la salida de 400 de los 672 trabajadores. La SEPI, por su parte, sigue buscando un socio industrial que pueda garantizar las condiciones del plan industrial pactado en la privatización que costó a las arcas públicas 1.274 millones de euros, incluyendo las pérdidas de los últimos cinco años y las aportaciones directas al proceso.