"Los iraquíes deben ser juzgados por un tribunal iraquí"
Pierre-Richard Prosper es el responsable de la Oficina para Asuntos de Crímenes de Guerra del Departamento de Estado norteamericano, y cuenta entre sus experiencias como jurista la de haber sido fiscal del Tribunal para Crímenes de Guerra de la ONU en Ruanda.
Pregunta. ¿Qué criterios se seguirán para juzgar los crímenes cometidos por el régimen de Sadam Husein?
Respuesta. Sobre los crímenes del régimen de Sadam Husein cometidos en el pasado, es nuestro punto de vista que deben ser juzgados por un tribunal iraquí en un proceso iraquí. Los iraquíes deben asumir el liderazgo y nosotros, los miembros de la comunidad internacional, debemos apoyarlo en lo que sea necesario. Hemos mantenido numerosas conversaciones con juristas iraquíes, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad de exiliados, y tienen una significativa sed de justicia. Otra cosa son crímenes cometidos contra las fuerzas de la coalición en esta operación. Tenemos información que nos lleva a sospechar que soldados de la coalición pudieran haber sido ejecutados tras ser capturados o haberse rendido, lo que es una violación de la Convención de Ginebra y de todas las leyes de la guerra. Hemos podido ver cómo las tropas iraquíes han usado a civiles como escudos humanos o que se ha ejecutado a soldados y a civiles que se negaban a luchar. Sobre estos crímenes vamos a trabajar con la nueva Administración de Irak para buscar justicia, ya sea a través de un proceso liderado por los propios iraquíes o con un componente más internacional. Creemos que involucrar a los iraquíes y ofrecerles una capacidad de liderazgo ayudará a reinstaurar el gobierno de la ley. Tengo que decir que no falta gente capacitada para ello. Hay una buena cantidad de juristas iraquíes muy bien preparados; sólo tenemos que ayudarles.
P. El sistema judicial iraquí, con su componente musulmán, tiene una serie de diferencias con el modelo occidental.
R. Sí, por esa razón es muy importante trabajar con los iraquíes para crear un sistema que sea aceptable para esta sociedad. La dificultad de recurrir simplemente a un tribunal internacional es que el ciudadano medio iraquí no tendría ningún tipo de familiaridad con el sistema y el proceso. Por eso vamos a trabajar desde el sistema existente actualmente, modificado en todo lo que sea necesario, para asegurarnos que la justicia es la correcta y que es aceptada y resulta creíble por la población.
P. ¿Cuáles son las razones básicas para que EE UU no se adhiera al Tribunal Penal Internacional (TPI)?
R. Creemos que no hay suficientes mecanismos que impidan que se politice. Nos preocupa que los fiscales o el propio tribunal puedan implementar casos con propósitos políticos, en lugar de basados en los hechos y la ley. Por otra parte, creemos que la mejor manera de tratar estos asuntos es poner las responsabilidades de vuelta a donde les corresponde, es decir, en los Estados. Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos que los Estados hacen lo que deben hacer para prevenir los crímenes de guerra y para exigir responsabilidades a quienes los perpetran. Lo que no queremos ver es a un Estado abdicando su responsabilidad.
P. ¿Cree que el concepto de "agresión" que figura en el Estatuto de Roma por el que se crea el TPI podría aplicarse a EE UU respecto a la invasión de Irak?
R. Lo primero que debo decir es que hay fundamentos legales para lo que estamos haciendo, una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y no sólo la 1.441, también las que arrancan del alto el fuego de la guerra del Golfo. Pero la dificultad con el crimen de agresión del TPI es que es inconsistente con el Consejo de Seguridad de la ONU y con la propia carta de las Naciones Unidas, según la cual sólo el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para decidir si una agresión ha tenido o no lugar. El TPI quiere tomar esta cuestión y esta responsabilidad y ponerla en las manos del fiscal, el cual puede definir esta cuestión. Éste es el problema fundamental que tenemos. Bajo el actual marco del TPI, alguien puede intentar politizar la cuestión y, sólo porque no está de acuerdo con la guerra, llamarla agresión por razones políticas en lugar de buscar las bases legales que hay detrás de esta acción.
