El Gobierno pone en marcha una batería de garantías para los detenidos incomunicados

El Gobierno vasco aplicará de inmediato a los detenidos por la Ertzaintza e incomunicados en virtud de la Ley Antiterrorista un protocolo que busca garantizar a los arrestados, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, que la incomunicación no facilita "espacios opacos o de impunidad" que pueden permitir la práctica de malos tratos. La medida busca también librar a los agentes de la sombra de la sospecha por las denuncias de torturas del mundo afín al terrorismo.

El protocolo, que detalla una cincuentena de pasos a cumplir, no incluye la instalación de cámaras de vídeo como reclamaban varios colectivos. "La participación directa de un número elevado de profesionales autónomos contrastados es más eficaz que una máquina", dijo el consejero de Interior, Javier Balza, quien presentó ayer el protocolo con el responsable de Justicia, Joseba Azkarraga.

Las medidas, algunas de las cuales se han aplicado ocasionalmente ya, se han precipitado en una propuesta articulada tras las detenciones de los directivos de Egunkaria, que denunciaron torturas durante su permanencia en dependencias de la Guardia Civil, y de otras interpuestas contra la propia policía vasca por detenidos en los últimos meses.

Comunicación

El protocolo prevé el establecimiento de una vía de comunicación para los familiares de los detenidos, con un teléfono en servicio durante las 24 horas, en el que las comunicaciones se grabarán y se les informará sobre el estado de los arrestados.

Los familiares directos tendrán derecho a saber el motivo y el lugar de la detención y el estado de salud, el régimen de administración de medicamentos y de entrega de efectos personales. Habrá igualmente controles médico-forenses diarios efectuados cada vez por un médico distinto y con presencia de un secretario judicial. Los detenidos podrán pedir la realización de análisis de orina periódicos para garantizar que no se les administran sustancias psicotrópicas en comisaría.

Balza señaló que incomunicación no debe ser sinónimo de aislamiento. Tal y como se practica, sostuvo, "no se ajusta a la legislación y es utilizada como una forma de castigo o venganza que nada tiene que ver con sus fines".

Con las nuevas medidas, el consejero de Interior, que defendió la incomunicación como "un instrumento adicional para investigar los delitos organizados y terroristas", estima que sigue quedando a salvo su principal objetivo: que el detenido no pueda transmitir o recibir información que dificulte la operación policial. Balza no ocultó su escepticismo ante el efecto que el protocolo vaya a surtir ante quienes denuncian habitualmente torturas, porque, dijo "el mundo radical tiene una estrategia de deslegitimación del sistema".

Azkarraga apostó por que otras fuerzas policiales adopten garantías para "salvaguardar los derechos de los detenidos".