Una juez congela la recogida de datos privados de 'ertzainas' decidida por Interior

El Departamento de Interior ha sufrido un nuevo varapalo judicial en el caso de la recogida de datos sensibles de los agentes de la Ertzaintza. Una juez de lo Contencioso Administrativo de Bilbao ha decidido mantener la medida cautelar de suspender la recogida de datos personales de ertzainas ordenada por la Unidad de Inspección General (Asuntos Internos) del cuerpo con el objeto de realizar la revista de armas y el nuevo carné profesional.

El sindicato independiente Erne, en primer lugar, y después ELA solicitaron la suspensión de la orden del 5 de marzo de la Inspección General por la que Interior pedía a los más de 7.200 agentes de la policía autonómica datos privados como su domicilio o el nombre de los padres. Junto a la fotocopia del DNI, la unidad de Inspección General, encargada de investigar las conductas de los agentes contrarias a la ética profesional, pedía a cada ertzaina que cumplimentase una tarjeta adicional con sus datos personales. De manera cautelar, la juez ordenó el pasado 21 de marzo paralizar la orden.

En la vista celebrada la semana pasada, tanto las centrales recurrentes como la fiscal coincidieron en apuntar una posible vulneración del derecho a la intimidad de los policías, además de señalar el riesgo de que esos datos privados de los agentes pudieran acabar en manos de ETA por algún tipo de filtración. La policía francesa encontró en manos del dirigente etarra José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, cuando fue detenido en 1999 datos sobre 6.000 ertzainas.

En el último año se han producido varias fugas de información sensible en la policía vasca sin que precisamente la Unidad de Inspección General haya logrado aún resolver ninguno de los casos.

Vulneración de derechos

La juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao, Miren Josune Pérez, quien ordenó paralizar la medida el pasado 21 de marzo, considera que el letrado de Interior no ha demostrado que la congelación suponga de hecho una "perturbación grave de los intereses generales o de terceros". En todo caso, lo máximo que le supondría a Interior sería la "pura demora en la obtención de datos", ya que el carné profesional actual caduca a finales de este año. Por contra, la juez aprecia que "la entrega de los datos personales que se exige difícilmente se podría reparar en el caso de obtener el recurrente" un fallo favorable.

Aunque no prejuzga el fondo del asunto, la juez no oculta en su auto la "posible vulneración de un derecho constitucional, como es el derecho a la intimidad", algo que aclarará la sentencia. El letrado de Erne presentó el pasado lunes la demanda por una presunta conculcación de un derecho fundamental recogido en la Constitución (artículo 18.1). A partir de ahora, la juez dará traslado a las partes para que informen sobre la demanda.