Inseguridad ciudadana y justicia rápida

El día 28 de abril entra en vigor la ley que pone en marcha los juicios rápidos, una vieja demanda social que ya ha conocido entre nosotros varios intentos fallidos. Las objeciones planteadas por quienes deben aplicarla, y especialmente los fiscales, parecen razonables, pero el fiscal general ha reaccionado a ellas con medidas disciplinarias que han soliviantado al sector. Lo que se critica es la falta de medios materiales y personales para alcanzar el objetivo de una justicia más eficaz sin quiebra para las garantías.

Este nuevo ensayo aparece muy ligado al intento del Gobierno por dar una respuesta a la alarma social suscitada por el aumento de la pequeña delincuencia, la que más incide en la inseguridad ciudadana, que se ha convertido en tema destacado de confrontación electoral. Muchos profesionales del derecho alertan del riesgo de que esa vinculación con un objetivo político inmediato favorezca una aplicación efectista de la ley, buscando resultados rápidos que permitan presentar estadísticas brillantes a cualquier precio; al de la falta de garantías, por ejemplo.

De esas preocupaciones se hizo eco la Junta de Fiscales de Madrid en un razonado escrito que incluía una mención a la supuesta "inconstitucionalidad" de una parte de la nueva ley. Criticaban en particular la facultad atribuida a los jueces en relación a las medidas cautelares, y también la regulación de los casos de conformidad del reo con la pena. El texto fue avalado por el fiscal jefe, quien defendió en declaraciones públicas que para aplicar la ley con garantías hacía falta un número considerable de nuevos fiscales. La respuesta del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, fue abrirle un expediente disciplinario. Ello ha provocado, a su vez, que los fiscales de la capital, reunidos el viernes en junta, asumieran por unanimidad los pronunciamiento anteriores, retando a Cardenal a que expediente a toda la plantilla.

No es, desde luego, el mejor clima para la entrada en vigor de una ley cuya eficacia depende en gran medida de la actuación de los fiscales, a los que exige un papel más activo en los nuevos procesos para garantizar su validez y evitar una cadena de juicios nulos que dé al traste con el objetivo de la norma.

Para que el intento no acabe en otra frustración se requiere una actuación policial capaz de obtener pruebas válidas en el escaso tiempo que media entre la detención y la comparecencia a juicio. Pero también es imprescindible reforzar la infraestructura judicial, en especial los juzgados de guardia y sus fiscalías, encargados de instruir sobre la marcha los procesos y de preparalos adecuadamente con vistas al juicio oral. En el caso de Madrid, el Ministerio de Justicia ha prometido duplicar los juzgados de guardia y aumentar de 11 a 25 el número de fiscales adscritos a estos juzgados. A partir del 28 de abril se comprobará si esa promesa se ha cumplido y si bastará para evitar que el tercer o cuarto intento de justicia rápida en España corra la misma suerte que los anteriores.