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GUERRA EN IRAK | El enfrentamiento PP-PSOE

Los cargos del PSOE acusados por el PP demandan a Arenas por imputaciones falsas

Los socialistas reclaman la protección de su honor al sentirse "inmerecidamente denigrados"

Anabel Díez

Todos los cargos públicos del PSOE expuestos en una lista por el secretario general del PP, Javier Arenas, como participantes en actos violentos contra sus sedes comenzaron ayer a presentar demandas de protección del honor, la intimidad y la propia imagen, contra Arenas al sentirse "inmerecidamente denigrados mediante la falsa imputación de actos delictivos". Así figura en la demanda del diputado Julián Simón de la Torre y del senador José Castro Rabadán. Los demandantes piden 500.000 euros de indemnización destinados a organizaciones humanitarias para ayuda a la población iraquí.

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El Partido Popular ha puesto en una lista pública a cargos socialistas de toda España que en su día participaron -los socialistas aseguran que seguirán partici-pando- en movilizaciones de protesta contra la guerra. La característica del discurso de todos ellos radica en proclamar el carácter pacífico de su comportamiento. En los vídeos y exposiciones del PP no hay posibilidad de relacionarlos con hechos violentos. Todos ellos van a acudir a la vía civil para demandar al secretario general del PP, Javier Arenas, al ser el autor de la presentación de sus nombres.

A primera hora de la mañana de ayer llegó al Juzgado de Primera Instancia la demanda de juicio ordinario de Protección del Honor, la intimidad y la propia imagen, de Julián Simón de las Torre, diputado socialista al Congreso por Burgos contra Javier Arenas. Este diputado aparece en el vídeo expuesto con los brazos cruzados. El PP dice que en ese acto contra su sede en Miranda del Ebro se rompieron cristales y se les llamó asesinos.

"Mi representado ha defendido una postura de oposición a la guerra contra Irak, manteniendo siempre un exquisito respeto al ordenamiento jurídico", señala el letrado. "Honor es el derecho de Julián Simón de la Torre a no ser inmerecidamente denigrado o desacreditado ante los demás, mediante la falsa imputación de actos delictivos, y la manipulación de las imágenes para relacionarlo con hechos violentos", seña la demanda. "Se da la paradoja de que la manifestación en la que se capta su imagen fue absolutamente pacífica, y se mezcla con imágenes violentas ¡ocurridas en otra ciudad!", dice la demanda. Al incluir su imagen "se tiene la intención de causar daño al honor y reputación de Julián Simón de la Torre".

Todos los demandantes suplican al Juzgado que dicte sentencia sobre los siguientes extremos: Poner fin a la intromisión ilegítima de los afectados; publicar y emitir a costa de los demandados la sentencia que se dicte en los medios de comunicación que han venido utilizando para desacreditar a los demandantes; el pago por parte de Arenas de 500.000 euros de indemnización, "y subsidiariamente el PP en nombre del actual actuaba el demandado" que será destinada a organizaciones humanitarias que desarrollen su labor en Irak. El mismo texto tiene la demanda del senador socialista por Salamanca José Castro Rabadán. "Yo estuve en una manifestación con otros compañeros de la que me marché, despidiéndome de la policía. Después supe que se habían tirado huevos y se había puesto un cartel de asesinos", explicó Castro Rabadán a este periódico. En marcha están las demandas de los concejales valencianos socialistas Rafael Rubio, Ana Noguera, Juan Soto y Vicenta Lloris, informa Joaquín Ferrandis.

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El líder del PSOE, José Luis Rodriguez Zapatero, se mostró ayer en Teruel consternado por "las denuncias genéricas" del PP contra sus compañeros con el argumento de Javier Arenas de que se trata de "denuncias políticas". Para Zapatero "los juicios públicos son propios de un sistema político que en España por suerte ya no existe".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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