El Gobierno aprueba la ley que amplía el uso de la firma electrónica

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de firma electrónica, que pretende agilizar y ofrecer seguridad a las gestiones realizadas por medios digitales. El Gobierno espera que el texto llegue al Parlamento antes de junio, según explicó el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo del anteproyecto es facilitar a las personas físicas y jurídicas la realización de trámites con la Administración a través de Internet. Se podrá, por ejemplo, solicitar becas, ayudas o subvenciones por la Red, y solicitar el registro de patentes y marcas. Las asociaciones y empresas del sector esperan, además, que la implantación de la firma electrónica sirva para mejorar la confianza de los consumidores a la hora de comprar por la Red, así como la de los propios comercios, ya que esta firma evitará el problema habitual del repudio (negación de haber realizado la compra).

Personas jurídicas

Este anteproyecto de ley sustituye al Real Decreto 14/1999, que regulaba la firma digital, y recoge las peticiones y sugerencias realizadas al respecto por unas sesenta entidades y asociaciones. El texto incluye novedades como la emisión de certificados de personas jurídicas, y sienta las bases para la emisión del DNI electrónico, que está pendiente de un desarrollo reglamentario posterior.

En cuanto a los certificados para personas jurídicas, el proyecto reconoce que la firma electrónica, a diferencia de la manuscrita, puede integrarse en proyectos automatizados sin necesidad de la intervención de una persona física. En todo caso, Piqué precisó ayer que la firma electrónica de empresas se limitará a las relaciones entre las entidades y la Administración, y no altera la legislación actual, por lo que, "en algunos supuestos" se puede exigir la firma del representante físico de la persona jurídica.

El Consejo, por otra parte, aprobó también ayer un real decreto para adaptar la infraestructura técnica de los edificios a las nuevas tecnologías, como la televisión digital terrestre, servicios de cable y telefenía vía radio. La norma garantiza a los usuarios el derecho a instalar sistemas individuales cuando el servicio no pueda ser ofrecido a través de la infraestructura común.