Bruselas expedienta a Francia por su respaldo ilimitado a EdF

La Comisión Europea decidió ayer actuar contra la ventaja pública de la que se beneficia la compañía eléctrica francesa EdF (100% estatal) al abrir un expediente formal a Francia por la garantía estatal ilimitada que ofrece a la eléctrica. Ello permite a EdF evitar situaciones de insolvencia y quiebra. El regulador de la competencia de la UE afirma que puede tratarse de una ayuda pública ilegal.

París dispone de un mes de plazo para responder a estas alegaciones y los competidores de EdF podrán hacer valer también sus observaciones. Los servicios de la Competencia quieren determinar si la garantía ilimitada, vinculada al estatuto de empresa pública de EdF, es compatible o no con la definición de ayuda de Estado recogida en el Tratado de la UE.

"Para ello vamos a examinar con detalle sus modalidades", señaló el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, "porque tenemos que verificar si los compromisos se corresponden con el coste de la misión específica de servicio público impuestas a EdF".

Ayudas

El equipo que dirige Monti parte de la base de que este tipo de mecanismos deben considerarse en principio como una "ayuda" pública. Es justamente lo que sucede en el sector de la banca, donde precisamente se acaba de cerrar un acuerdo entre la Comisión Europea y el Gobierno austriaco para que se vayan eliminando progresivamente las garantías públicas concedidas a las entidades públicas de crédito hipotecario regionales y cajas de ahorro. También se alcanzó días atrás un acuerdo similar con Francia y con Alemania, éste en enero de 2002.

En el caso específico de EdF, se da la circunstancia de que no se aplica la ley francesa de insolvencia y quiebra. Además, el Estado francés actúa como garante último de la deuda que asuma la compañía eléctrica en su calidad de EPIC (empresa pública de carácter industrial y comercial). Todo esto provoca, según Bruselas, que se anulen los riesgos de impago, que EdF mejore su calificación crediticia y que se reduzcan los costes de endeudamiento en un mercado que ya está abierto a la competencia.

El regulador de la Competencia de la UE ya pidió en octubre del año pasado al Gobierno francés que retirara esta garantía estatal ilimitada de la que disfruta EdF, porque le parecían incompatibles con las normas de la UE en materia de ayudas de Estado. Fue el primer pronunciamiento oficial de la Comisión Europea después de un año de investigación informal de la estructura jurídica del grupo eléctrico francés, que arrancó coincidiendo con su expansión por el mercado eléctrico europeo.

Temores

La información recibida por Bruselas sobre el funcionamiento de la garantía no le ha permitido disipar sus temores, ni tampoco decir que se ajusta al mercado interior. Ahora, las dudas de la Comisión Europea se concentran en concreto en la necesidad de que se beneficien de esta garantía "las actividades que no están sometidas a las obligaciones de servicio público". Es el caso concreto de los mercados de producción y de distribución de electricidad fuera de Francia, así como los mercados de servicios energéticos.

El comisario Monti dejó claro, en cualquier caso, que con esta decisión no se está poniendo en cuestión el carácter público del capital de EdF, ni se contesta el estatuto EPIC como tal. "Sólo se pone en cuestión las ventajas que EdF saca de ciertos aspectos de su condición de EPIC", indicaron fuentes de la Comisión. Pero hay un detalle que no se puede obviar: el estatuto EPIC se concedió a EdF en el momento de su creación en 1946, años antes de la entrada en vigor del Tratado de Roma.