El Congreso acepta una propuesta del PSOE para subir al 5% el empleo público reservado para los discapacitados
Cinco de cada cien nuevos empleos públicos se reservarán a las personas con un grado de discapacidad de al menos el 33% que superen las pruebas selectivas. Con el voto a regañadientes del PP, el Congreso aprobó ayer casi por unanimidad (286 votos a favor, uno en contra y una abstención) esta iniciativa, contenida en una proposición de ley del PSOE. El pasado febrero, el secretario general de este partido, José Luis Rodríguez Zapatero, había anunciado esta medida como compromiso electoral.
A pesar de votar a favor, el PP calificó la propuesta como "un gesto de cara a la galería". En la tribuna, el diputado popular Enrique Belda acusó a los socialistas de "querer hacerse la foto" con una iniciativa que no soluciona "nada". "El único que se hace la foto con estas cuestiones es el ministro de Trabajo", replicó fuera del hemiciclo la diputada socialista Consuelo Rumí.
La proposición, que se tramitará en forma de proyecto de ley después del verano, aumenta del 3% actual al 5% el cupo reservado a las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público de la Administración General del Estado. El objetivo final es lograr que los discapacitados ocupen el 2% de las plazas del funcionariado estatal. Para ello, se establece una garantía añadida. Aunque la reserva de puestos será del 5%, cuando los aprobados con minusvalía queden por debajo del 2% del total de aptos con plaza, los puestos reservados sin cubrir se acumularán al cupo de la oferta siguiente.
La proposición señala que, pese a existir un mandato legal explícito para destinar el 3% de los empleos públicos a las personas con minusvalía, "la realidad es el lamentable incumplimiento del mismo". Añade que, según los datos facilitados por el Gobierno, se estima que en 2000 y 2001 "el número de personas con discapacidad que llegaron a aprobar en las distintas convocatorias de funcionarios de la Administración General del Estado oscilaba en torno al 0,2% ". En España existen 3,5 millones de personas con alguna minusvalía. El 40% tiene menos de 65 años. Sólo uno de cada cuatro trabaja, según el PSOE.
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