La oposición exige que el 'caso funeraria' se inicie sin demora

La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, reclamó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aclare en qué fecha tiene previsto convocar el juicio oral por el llamado caso funeraria, en el que se encuentran procesados tres altos cargos del PP, el diputado regional Luis María Huete y los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno. En el caso están también procesados tres directivos de la Empresa Mixta Funeraria. Ahora, los magistrados de la Sala de lo Penal consideran que la vista oral se fijará después del 25 de mayo, para evitar la coincidencia del juicio con las elecciones autonómicas y municipales, según adelantó ayer La Razón.

Los tres cargos del PP participaron en la venta del 49% de la Funeraria municipal en 1992 por un precio muy inferior a su valor real (0,60 euros), según las conclusiones del fiscal. En el auto de procesamiento, dictado en septiembre de 2002, el juez instructor no sólo asumió las conclusiones del fiscal, sino que añadió un posible delito de tráfico de influencias. Huete, Viñals y Moreno se enfrentan a una pena de seis años de cárcel y 25 de inhabilitación por los presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La portavoz de IU, coalición que denunció los hechos al fiscal, considera que de confirmarse la intención del TSJM de retrasar el juicio por las elecciones "se estaría ante un escándalo, ya que la actuación de la justicia debe ser independiente de las consideraciones políticas". "No hemos recibido comunicación oficial de nada, pero de confirmarse lo publicado, las razones del retraso del juicio obedecerían a criterios políticos y no a razones jurídicas. Con ello, el TSJM actúa de la misma manera que si los políticos no respetasen la autonomía del poder judicial", dice Sabanés.

Recursos

"Si el retraso finalmente obedece a las causas expuestas beneficia a los intereses del PP con vistas a las próximas elecciones. Las fechas preelectorales no deben ser un obstáculo para proceder al juicio ya que, de ser así, se pondría en entredicho la autonomía del poder judicial", concluye Sabanés.

En similares términos se manifiesta la edil socialista Ruth Porta. "La noticia está sustentada en fuentes del TSJM que curiosamente coinciden con fuentes del gobierno municipal. Si se toma una medida de ese tipo [retrasar el juicio] está claro que es una decisión política", señala la portavoz socialista.

"El juicio tenía que haberse celebrado el pasado enero, pero se ha retrasado por los recursos que han presentado los procesados. Si no se convoca hasta después de mayo, significaría que el juzgado está favoreciendo al PP", dice Porta. Esperanza Aguirre, candidata del PP a la Comunidad, afirmó, por su parte, que el caso funeraria "es algo que no tiene nada que ver con la campaña electoral, y la justicia sabe muy bien cuándo tiene que actuar".