Los disidentes cubanos se enfrentan a penas de 20 años de prisión
Las familias de los detenidos denuncian la persecución por el régimen de Castro
Los 76 opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes detenidos la semana pasada podrían ser juzgados y condenados a severas penas de prisión, denunciaron en La Habana familiares de los arrestados. Las esposas de varios de ellos, que el miércoles pudieron visitarlos en el penal de Villa Marista, fueron informadas de que pueden ser procesados por violar la Ley 88, o Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.
Según Blanca Reyes, la esposa del poeta y periodista Raúl Rivero, director de la agencia de prensa disidente Cuba Press, la acusación contra Rivero y contra Ricardo González -presidente de la Asociación periodística Manuel Márquez Sterling, también detenido- es por violar la Ley 88, promulgada en 1999. Conocida entre los disidentes como ley mordaza, establece condenas de hasta 20 años de cárcel para aquellos que "apoyen, faciliten o colaboren con los propósitos de la ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares encaminadas a menoscabar la independencia, integridad y soberanía del Estado cubano".
Esta ley establece en su artículo 6 que el que "busque u obtenga información que pueda ser utilizada, directa o indirectamente", en beneficio de la política de agresión de Estados Unidos contra la isla puede ser sancionado a penas que oscilan entre los tres y los ocho años de cárcel.
Gisella Delgado, esposa del disidente Héctor Palacios, asegura que la policía le dijo que su marido estaba acusado de violar el artículo 91 del Código Penal, con la amenaza de penas de entre 10 y 20 años de cárcel, e incluso de muerte. Este artículo condena a aquel que, "en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio".
"Han hablado con él de sancionarlo severamente", dijo Delgado tras visitar a Palacios el miércoles en Villa Marista, adonde le llevó libros y comida. La opositora, que dirige una biblioteca independiente, afirmó que su marido creía que lo iban a condenar para que su caso sirviese de escarmiento a otros disidentes.
Las fiscalía todavía no ha presentado cargos formales contra los detenidos, pero la semana pasada el Gobierno acusó a los detenidos de ser "personas directamente vinculadas a las actividades conspirativas" del jefe de la Sección de Intereses de EE UU en La Habana, James Cason, y anunció que serían "sometidos a los tribunales de justicia" por realizar "actos de traición al servicio de una potencia extranjera".
La Unión Europea condenó el miércoles las detenciones de los disidentes cubanos, a quienes consideró "prisioneros de conciencia", y exigió su inmediata liberación. La declaración subraya que las "violaciones de derechos civiles y políticos fundamentales serán supervisadas muy de cerca por la Unión Europea y continuarán influyendo en las relaciones de la Unión con Cuba".
