La Generalitat creará un consorcio para censar a los enterrados en las fosas de la Guerra Civil

El Parlament aprobó ayer por unanimidad una moción que obliga al Gobierno de CiU a crear en un plazo de tres meses un consorcio para censar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y localizar las fosas comunes en las que podrían estar enterrados. La moción, aprobada a instancia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pide al Ejecutivo catalán que exhume los cadáveres en función de las demandas de los familiares y elabore un informe sobre la viabilidad de llevar a cabo pruebas de ADN para identificar a los fallecidos.

El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, explicó que el voto unánime de todos los partidos a la moción se debe a que se trata de un ejercicio de "arqueología de la reconciliación", puesto que se atenderán las demandas de los familiares de desaparecidos de ambos bandos. Sin embargo, nadie se atreve a pronosticar cuántos cadáveres se habrán hallado al final de este proceso.

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) sigue recibiendo llamadas de personas que comunican el hallazgo de nuevas fosas. Andreu Camps, miembro de la comisión, descubrió hace unos meses un hoyo que podría albergar entre 700 y 1.200 cadáveres de soldados republicanos en Tremp. Pero su ubicación, dentro de una línea de 95 kilómetros de frente de guerra, lleva a pensar que podrían aparecer nuevos emplazamientos.

Cálculos aproximados

La de Tremp (Pallars Jussà) es sólo una de las decenas de fosas que existen en Cataluña. Hasta el momento, la Generalitat ha contabilizado 54 y los historiadores sólo se atreven a presentar cálculos aproximativos que señalan la existencia de entre 3.000 y 18.000 cadáveres. "Calcular el número de cuerpos que podemos hallar es casi imposible porque cada día aparecen nuevos hallazgos. Pero las cifras con las que trabajamos indican que la cantidad de fosas supera con creces las previsiones del Gobierno", afirmó Camps. Este cálculo es aún más complicado si se tienen en cuenta las tumbas irregulares de soldados enterrados cerca de centros hospitalarios, como las halladas en Bellpuig (Urgell).

Con la creación del consorcio, en el que participarán los ayuntamientos que lo deseen y la Generalitat, se cumple una de las demandas de la CMRH, que reclamaba que fuera el Gobierno catalán el encargado de impulsar el proceso ante la falta de impulso del resto de administraciones. El Ejecutivo central trasladó la responsabilidad a los consistorios, pero muchos de éstos se resisten aún a remover un pasado que se les antoja demasiado reciente. "Muchos de los fallecidos durante la guerra fueron delatados por sus vecinos, así que algunos consistorios eluden participar en los trabajos de identificación para no crear conflictos entre sus ciudadanos", recuerda Camps.

La creación del consorcio y la confección del censo son sólo el primer paso de un proceso que se prevé largo. La Generalitat ha anunciado que abrirá una fosa como prueba piloto, un paso imprescindible para la identificación de los cuerpos.

Este procedimiento, no obstante, no permite conocer la identidad de los fallecidos. Para ello, son necesarias las pruebas de ADN, aunque los 3.000 euros que cuesta cada una de ellas son un precio que la Generalitat se muestra reticente a pagar sola. Ridao no cree que el Gobierno español muestre demasiado interés por contribuir en estos costes. "El Ejecutivo debe temer que se reproduzca la experiencia de las indemnizaciones a los prisioneros republicanos. Entonces calculó que recibiría 6.000 demandas y al final fueron 36.000", explica el portavoz de ERC. Sin embargo, la moción aprobada también insta al Gobierno catalán a elaborar, en dos meses, un informe sobre las pruebas más eficaces y fiables para la identificación de cadáveres a través del Instituto de Medicina Legal.

De momento, la CRMH sigue pidiendo la colaboración de los ciudadanos, porque éste continúa siendo uno de los últimos lastres de silencio que guarda la sociedad española.