El Gobierno prepara una ley para abrir la red ferroviaria al sector privado

El Departamento de Transportes, que dirige Álvaro Amann, pretende abrir la red ferroviaria a los operadores privados. Su objetivo es separar la gestión de la infraestructura ferroviaria, que seguirá siendo competencia del Gobierno, de la prestación de los servicios de transporte, que podría correr a cargo de empresas del sector privado. Éste es el modelo en el que se apoya la transformación del transporte ferroviario en los países de la Unión Europea y que el Gobierno vasco pretende implantar cuanto antes.

Esta separación permitirá, según el Departamento de Transportes, la introducción de la competencia en el sector y su saneamiento, de modo que las costososas inversiones acometidas en infraestructuras sean asumidas directamente por los poderes públicos, que a su vez las harán repercutir en los operadores privados.

El departamento ya ha elaborado el anteproyecto de ley por el que se crea el ente Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca, que administrará las infraestructuras ferroviarias actuales y las que en el futuro se puedan construir y sean competencia del Ejecutivo.Este ente se regirá por el derecho privado, lo que le permitirá agilizar algunos trámites burocráticos, excepto cuando realicen contrataciones de personal o de algún tipo de trabajo, que deberá someterse a lo que marque la ley.

El nuevo organismo realizará una función similar a la que desarrolla a nivel español el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), dependiente del Ministerio de Fomento. El ministerio encomienda al GIF la construcción de una infraestructura y éste se encarga de acometer la obra, de gestionarla y administrarla. De su posterior explotación se encargarán los operadores privados. El director de Servicios del Departamento de Transportes, Iñaki Gurtubai, explicó ayer a EL PAÍS que el ente Red Ferroviaria Vasca se encargará de lo que le dé el Gobierno autónomo. Así, la futura construcción de la Y podría ser una de sus responsabilidades, si esta infraestructura finalmente llega a ser competencia del Ejecutivo de Vitoria.

El Consejo Económico y Social Vasco (CES), un órgano consultivo del Gobierno integrado por sindicatos, patronal y expertos del mundo económico, ha analizado el anteproyecto de ley y considera adecuada su tramitación, aunque aconseja al Ejecutivo que justifique más su urgencia por crear este organismo.

La legislación comunitaria, recuerda el CES, obliga a los estados de la Unión Europea a que creen en 2003 entes similares para abrir la red ferroviaria internacional a los operadores privados dedicados al transporte de mercancías, pero para el resto de la red (como es la vasca) esta obligación se retrasa hasta 2008. Gurtubai reconoce que el Gobierno autónomo no tiene obligación de abrir su red por el momento, preferentemente destinada a servicios regionales, a los operadores privados, pero considera "acertada" la directiva de la UE y por eso trata de ponerla en marcha lo antes posible.

El Consejo Económico y Social considera además que la decisión de que el ente Red Ferroviaria Vasca se rija por el derecho privado suscita algunas "dudas" sobre si resulta la fórmula más adecuada para desarrollar el trabajo previsto.