La oposición cree que hubo "fraude" en el contrato de los trenes de la línea 10

La Comunidad de Madrid adjudicó hace tres años al consorcio italiano Ansaldo-Breda, por 186 millones de euros, el contrato de 30 nuevos trenes de metro que circularían por la ampliada línea 10 y parte del futuro metrosur, y que debían estar listos en diciembre de 2002. Para justificar la elección de la firma italiana en detrimento de la española CAF -que tuvo que conformarse con un contrato menor-, el Gobierno regional alegó, entre otras cosas, que Ansaldo-Breda se comprometía a construir una fábrica de montaje en la región, lo que crearía puestos de trabajo. Pero la fábrica nunca llegó a hacerse: a cambio, la empresa italiana ha ofrecido un tren de propina a bajo precio.

En febrero del año 2000, el Gobierno regional adjudicó el mayor contrato de material ferroviario realizado hasta entonces por la Comunidad de Madrid: un presupuesto inicial (luego incrementado) de 52.000 millones de pesetas (312 millones de euros) para adquirir los trenes de tecnología punta que darían servicio a las ampliadas líneas 8 y 10 y al futuro metrosur.

El contrato, que obligaba a entregar los trenes en diciembre de 2002, se lo repartieron la firma italiana Ansaldo-Breda, que se quedó con el 60% (186 millones de euros para construir 30 trenes, de seis vagones cada uno), y el consorcio encabezado por la española CAF, que obtuvo el restante 40%. Oposición y sindicatos pusieron el grito en el cielo. Argumentaron que, además de haber presentado una oferta más cara, Ansaldo no tenía "ni una sola fábrica en España", y pidieron al Ejecutivo que apostase por fortalecer "la industria nacional" representada por CAF adjudicándole el 100% del proyecto.

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, se sacó entonces un as de la manga que consiguió mitigar, aunque no acallar, las protestas. Cortés aseguró que, a pesar de no figurar en el pliego de condiciones del contrato, Ansaldo se había comprometido con él a levantar una fábrica en la región.

"Igual que los alemanes de Alstom o Siemens entraron alguna vez en España porque alguien les abrió la puerta y se quedaron, yo abro la puerta al grupo italiano y me traigo una industria a Madrid", dijo Cortés. El PSOE y CC OO afirman que esa fábrica iba a dar trabajo a más de 400 personas, pero desde Transportes se asegura que no llegaron a dar cifras de empleo, y el titular de Trabajo, Luis Peral, precisa aún más: "No se preveían ni 50 puestos de trabajo, era sólo una planta de montaje".

Dificultades

En cualquier caso, la fábrica nunca llegó a levantarse. "Hace ya meses, quizá un año [en noviembre de 2001, según Peral], Ansaldo nos advirtio de que no iba a poder hacerla. Tenían muchas dificultades para encontrar el terreno adecuado, dijeron que el hecho de levantar la industria iba a retrasar ineludiblemente los plazos de entrega de los trenes... Así que pactamos con ellos cambiar las condiciones", admite el viceconsejero de Transportes, Jesús Valverde. El "cambio de condiciones" lo concretó la empresa italiana: no construiría la planta, pero, en compensación, entregaría a la Comunidad no 30, sino 31 trenes, y ese último tren de propina tendría un "precio simbólico". "Cada una de esas máquinas [de seis vagones cada una] cuesta 7,5 millones de euros. Pues bien, nos ofrecieron dar una más, no prevista, y por sólo 1,7 millones. Nos ahorramos casi 1.000 millones de pesetas. En definitiva, una magnífica operación", sostiene Valverde.

No piensa lo mismo la oposición. "Cortés dio su palabra, dijo que habría una fábrica, y no la hay. El Gobierno ha cambiado 400 empleos por un tren a bajo precio, ¡como si esto fuese una tienda de pipas!", protesta Julián Revenga, diputado regional y portavoz socialista en asuntos de Transportes. Julio Setién, parlamentario de IU, asegura que Cortés llegó a hablar "concretamente de entre 400 y 500 empleos". "Se jactó de haber conseguido ese pacto con Ansaldo, fue su principal argumento para justificar, ante nuestras críticas, la adjudicación del contrato. Y resulta que renuncian a la fábrica hace meses y nosotros ni nos enteramos. Es un fraude a los madrileños, a la Asamblea y a los sindicatos", acusa Setién, secundado desde CC OO-Madrid, cuyo portavoz considera lo ocurrido "un escándalo". El consejero de Trabajo, Luis Peral, replica que "lo de la fábrica no era un requisito importante, ni siquiera puntuaba". E insiste: "A cambio, Madrid se ha ahorrado 1.000 millones de pesetas".