Los límites de la justicia internacional

Una mayoría de los juristas independientes están de acuerdo en que Estados Unidos y sus aliados han ido a la guerra de una forma ilegal, pues el Consejo de Seguridad no ha llegado siquiera a constatar que Irak ha incumplido la resolución 1.441, ni a autorizar explícitamente el uso de la fuerza. Pero las responsabilidades jurídicas del ataque serían difíciles de establecer. Podría intentarse por la vía nacional, pues la internacional, salvo que se cometan crímenes de guerra, es muy limitada. La nueva Corte Penal Internacional no está para determinar si la guerra es legal o ilegal. Y la vía del Tribunal de Justicia Internacional está también cerrada. No hay precedentes, con éxito, de casos similares.

El Tribunal Internacional de Justicia se creó para resolver disputas entre Estados. Correspondería a Irak acudir a este tribunal, cuya jurisdicción no reconoce

La Corte Penal Internacional no está para determinar si la guerra es legal o ilegal. Y la vía del Tribunal de Justicia Internacional está también cerrada

La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no tiene competencias para juzgar si un Estado o Gobierno ha incurrido en un crimen por entrar o apoyar una guerra ilegal. Su jurisdicción entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Ratificado por 89 países (Afganistán ha sido uno de los últimos), ya cuenta con sus 18 jueces, pero aún no con el fiscal (que se espera sea elegido en abril). Contempla crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de, cuando sean definidos, de agresión cometidos por individuos (no Estados).

En el caso del crimen de agresión, aunque figure formalmente como tal en el Estatuto, en la práctica no se podrá contemplar hasta dentro de 10 años, y una vez que se haya desarrollado su definición. Sí podrían ser juzgados soldados o ciudadanos, de los agresores o de los agredidos, si en Irak cometieran crímenes como tratos humillantes, ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil, pérdidas excesivas de vidas humanas en relación al objetivo militar u otros. Sin duda, soldados británicos o españoles están expuestos a esta jurisdicción. Los de Estados Unidos mucho menos, al haberla rechazado y adoptado normas nacionales para protegerse. Australia ha adoptado salvaguardias para proteger a sus militares (para evitar tener que entregarlos a una jurisdicción no australiana).

Las acciones judiciales en el CPI las pueden iniciar el Consejo de Seguridad (no es probable, en este caso, dado que Estados Unidos tiene derecho de veto), el fiscal o un Estado parte (no es el caso de Irak ni de la gran mayoría del mundo árabe). Para juzgar a gobernantes, los crímenes deberían responder a un plan o serie de actos en que hubiera un designio. Incluso en el tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia, tiene dificultades para probar con hechos la participación de Milosevic en los crímenes cometidos.

El Tribunal Internacional de Justicia. El TIJ se creó para resolver disputas entre Estados. Correspondería a Irak acudir a este tribunal, cuya jurisdicción no reconoce. Tras la guerra de Kosovo, en 1999, Belgrado acudió al TIJ para denunciar a 10 Estados miembros de la OTAN que habían participado en la guerra, sobre una doble base en su acusación: la Convención contra el Genocidio, y la declaración de aceptación por Yugoslavia de la jurisdicción del TIJ unos días antes de que se iniciara la guerra.

España pudo invocar unas reservas que había hecho expresas en 1990 -promovidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces dirigido por Francisco Fernández Ordóñez, y por Presidencia del Gobierno- para resguardarse ante "demandas abusivas". España rechazaba la jurisdicción del TIJ en casos planteados contra ella por algún país que no hubiera aceptado la jurisdicción del tribunal con al menos seis meses de antelación a los hechos (algo que Irak no ha hecho).

En junio de 1999, el tribunal desestimó el caso contra España y el Reino Unido al no considerarse competente. En los otros, a la espera del fallo final en los próximos meses, también se consideró incompetente "a primera vista".

Jurisdicción nacional. Esta vía sí es posible, especialmente con jurisdicciones universales en algunos casos. Se está intentando en varios países. En el Reino Unido, un bufete de Birmingham (Public Interes Lawyers), en nombre de la Campaña para el Desarme Nuclear (CND), está promoviendo una causa contra el primer ministro, Tony Blair, que fue admitida a trámite por un tribunal en diciembre pasado. Sin embargo, en respuesta a la acusación, el abogado del Tesoro ha contestado que "los tribunales no tienen autoridad para juzgar el verdadero significado y efecto de las obligaciones que se aplican sólo al nivel del Derecho internacional". El caso Pinochet demostró, sin embargo, que la vía judicial puede ser más compleja.

Crimen internacional

Un dictamen jurídico preparado por Eoin McGirr y Mikel Mancisidor, por encargo de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, concluye que "el uso de la fuerza sin la autorización del Consejo de Seguridad constituirá una agresión, es decir, un crimen contra la paz, un crimen internacional", y que "los Estados que participen en la agresión serán responsables, en la exacta medida de su participación, de un crimen internacional".

Pero, también, que "la noción de crimen internacional no conlleva necesariamente una responsabilidad individual judicialmente perseguible". "Un ataque ilegal contra Irak", señala, "podría dar lugar al estudio innovador, por parte de tribunales internos, de algún tipo de responsabilidad individual de sus nacionales que hayan tomado parte activa en ese crimen internacional". Pero, hoy por hoy, es mera especulación.