Radiografía de los 14 millones de indocumentados en Estados Unidos: más permisos temporales, pero menos mexicanos

Si Donald Trump tiene la palabra, en Estados Unidos hay 20 millones de inmigrantes indocumentados. Si se consultan los datos oficiales, las últimas estimaciones apuntan a que, en 2022, había 11 millones de extranjeros en situación irregular. Los expertos, sin embargo, siempre han sostenido que la cifra es más alta, aunque no alcanza la exageración infundada del presidente. Un informe reciente del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) sitúa el total en 13,7 millones hasta mediados de 2023, lo que coincide con las estimaciones de otros demógrafos, quienes aseguran que en la actualidad debe haber unos 14 millones de personas sin papeles residiendo en Estados Unidos. El presidente republicano se ha aprovechado de esa realidad y la ha torcido a su gusto para justificar su agenda migratoria, que incluye criminalizar a cualquier inmigrante, detenerlo y deportarlo cuanto antes. ¿Pero quiénes son estas personas? ¿Cómo ingresaron al país? ¿De dónde vienen? Esta es una radiografía de ellos.

Bajo los años del mandato de Joe Biden, entre 2019 y 2023, la población inmigrante no autorizada creció en tres millones, o un promedio del 6% anual. El país no había visto aumentos anuales tan significativos desde principios de la década de 2000, según el reporte del MPI. Entre 2000 y 2007, el número de indocumentados creció de ocho millones a 12,3, una cifra que como resultado de la crisis de 2008 cayó hasta 2010 y luego se mantuvo estable durante años, en torno a los 11 millones.

Esta estabilidad se produjo porque las entradas se compensaban continuamente con las salidas. Por ejemplo, entre 2010 y 2019, el MPI estima que aproximadamente 5,9 millones de personas cruzaron una frontera ilegalmente o sobrepasaron la duración de un visado, mientras que 5,7 millones de inmigrantes no autorizados murieron, emigraron o, los menos, obtuvieron un estatus legal, lo que resulta en un aumento neto de solo 200.000 durante ese período.

Hasta la subida a partir de 2019. El crecimiento entre esta población desde hace seis años se debe, en parte, al aumento que hubo en el número de cruces irregulares en la frontera bajo el Gobierno de Biden. Durante los primeros tres años de su Administración, la cantidad de inmigrantes ingresando al país sin permiso para ello se disparó a niveles históricos.

El MPI explica que esto se debe a dos factores. Por un lado, “la dinámica de la inmigración cambió drásticamente a partir de 2021, cuando la economía estadounidense se recuperó más rápida y plenamente de la recesión provocada por la pandemia que la de gran parte del resto del mundo y las oportunidades de empleo en Estados Unidos aumentaron rápidamente”. Por tanto, más y más emigrantes de países de América Latina, sobre todo, donde la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades reinaba entonces y lo sigue haciendo, decidieron marcharse hacia Estados Unidos.

Y por el otro, el aumento en las llegadas acabó por colapsar un “sistema de gestión de inmigración sobrecargado”. Las autoridades migratorias no pudieron hacer frente a tantas entradas debido a “los enormes retrasos en los tribunales de inmigración”, la “insuficiente capacidad del Gobierno para detener y deportar a migrantes” y “la escasez general de recursos”.

Además, el expresidente demócrata permitió la entrada de cientos de miles de personas a través de la vía de libertad condicional humanitaria, más conocida como parole, y mediante el uso de la aplicación CBP One. Aunque estas personas llegaron con permisos para estar en el país, entidades como el MPI les considera indocumentados porque su estatus es temporal y discrecional y no ofrece una vía directa hacia la residencia permanente. De hecho, la Administración Trump ha dicho que revocará el parole al más de medio millón de personas que lo recibieron bajo el Gobierno de Biden y los dejará expuestos a ser deportados. Y CBP One dejó de existir en los primeros minutos de la presidencia del republicano.

La decisión del Gobierno de Biden de crear el programa de parole para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela impulsó un aumento de lo que el MPI denomina “población crepuscular”, individuos que se encuentran en el país con un estatus temporal que les ofrece un alivio a corto plazo de la deportación y acceso a una autorización de trabajo. Además de los beneficiarios de la libertad condicional humanitaria, esta categoría también incluye a los solicitantes de asilo y los titulares de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Hasta mediados de 2023, un máximo de cuatro millones de personas —o el 29% de la población total no autorizada— tenían uno de estos estatus liminales, según los cálculos del MPI. Aunque los investigadores señalan que “dado que muchas personas tienen varias formas de estatus liminal a la vez” —por ejemplo, personas en libertad condicional que solicitaron el TPS o titulares de DACA que solicitaron asilo— “es difícil saber exactamente cuántos de los 13,7 millones de inmigrantes no autorizados en 2023 tenían una o más protecciones temporales”.

En cuanto a la procedencia de los casi 14 millones de inmigrantes irregulares, México sigue siendo el principal país de origen, pero cada vez menos. En 2023 los mexicanos eran el 40% de todos los indocumentados en el país, frente al 62% que representaban en 2010. En cambio, durante el mismo periodo, la proporción de inmigrantes guatemaltecos pasó del 5% al 10% del total de indocumentados, el mayor incremento de todas las nacionalidades.

En total, en 2023, los inmigrantes latinoamericanos y caribeños combinados representaban el 84% de todos los inmigrantes no autorizados. Después de México y Guatemala, los cinco principales países de origen de la población inmigrante no autorizada eran Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia y Filipinas.

Cuántas de estas personas lograrán permanecer en el país bajo la presidencia de Trump está por verse. El republicano no solo ha acabado con el derecho al asilo, el parole y la aplicación CBP One, sino que también puso fin al TPS y defensores de la comunidad migrante temen que los titulares de DACA, los dreamers, se conviertan en el próximo blanco de la Administración. Nadie está a salvo.