Trump escala su política de terror: de la separación de niños al Guantánamo de Bukele

Donald Trump lleva poco más de dos meses en la Casa Blanca y ya ha dejado unas cuantas imágenes de esas que pasan a la historia. En esta era de las redes sociales, donde no es solo lo que se hace, sino cómo se cuenta y cuánta gente lo ve, el republicano ha encontrado un gran aliado en el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Con una producción digna de Hollywood, el salvadoreño —que antes de presidente fue publicista—, le sirvió en bandeja un video de más de 200 venezolanos bajando de un avión encadenados y siendo rapados para ser enviados al CECOT, su cárcel de máxima seguridad, que le ofreció al Gobierno de Estados Unidos para sus deportados a cambio de una tarifa de 20.000 dólares por preso al año.

Aunque inicialmente el Gobierno de Trump vinculó a los venezolanos con la banda criminal del Tren de Aragua, después reconoció que más de cien de ellos no habían cometido ningún delito —en Estados Unidos, ser indocumentado no es un delito, sino una falta civil. Por ahora, las imágenes no se repetirán, porque un juez de Washington ha bloqueado el uso de una ley del siglo XVIII contra “enemigos extranjeros” para deportar a migrantes indocumentados sin garantías jurídicas. Pero el mensaje público ya está lanzado, ya hemos visto todos el video.

Como sucedió en 2018 con la política de ‘tolerancia cero’, con la que Trump separó a más de 4.600 niños migrantes de sus padres en la frontera, con la deportación de venezolanos a El Salvador el presidente busca disuadir a través del terror a quienes puedan estar pensando migrar a su país sin papeles. También logra sembrar el miedo entre los millones de indocumentados que viven, trabajan o van a la escuela y, en muchos casos, pagan sus impuestos en Estados Unidos.

“La política migratoria de Estados Unidos en los últimos 30 años se ha basado en el principio de disuasión. Disuadirlos antes de llegar a Estados Unidos. Y creo que lo que ha hecho Trump es, a través del terror, hacer mucho más fuerte esa disuasión”, asegura Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). “Lo hace con las deportaciones a Guantánamo, las deportaciones a El Salvador, y con las personas enviadas cerca del Darién, con lo cual creo que parte del propósito es intentar dar el mensaje de que, si llegan a Estados Unidos a solicitar asilo, corren el riesgo de terminar en una cárcel en El Salvador".

“Son muchas políticas crueles enfocadas en la disuasión y no en proteger los derechos de las personas afectadas”, coincide Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Meyer considera que, tanto la separación de niños en la frontera de 2018, como el envío de migrantes a El Salvador, tienen en común el gran descuido con el que se han implementado. “Separaron a niños de sus papás sin siquiera tener un sistema en marcha para registrarlos. Por eso se perdieron en el sistema bebés que no pueden hablar, y cuyos papás nunca supieron cómo encontrar a sus hijos”, lamenta Meyer.

Más de seis años después de que un juez frenara aquella medida y ordenara la reunificación de quienes ya habían sido separados, más de 1.300 de esos menores siguen lejos de sus padres porque el Gobierno perdió su rastro. Y hay casos documentados de niños que sí pudieron reunirse con sus padres, pero que han tenido que lidiar con cuadros diagnosticados de estrés postraumático que sus familias no tenían recursos para tratar.

“En el caso de las personas venezolanas deportadas a El Salvador, parece que pasa lo mismo. Ya tenemos una lista de quiénes son. Pero, ¿son criminales o no? Pues, al parecer, muchos no", asegura la vicepresidenta de WOLA, quien cree que ambas políticas tienen en común que se tomaron acciones rápidas y sin pensar en las consecuencias.

Pappier, por su parte, considera que lo que busca la Administración de Trump al mandar a los migrantes a El Salvador, es dejarlos fuera de la protección de la ley. “Yo hablo de un Guantánamo centroamericano, porque el propósito de Guantánamo era dejar a las personas acusadas de terrorismo fuera de la protección del debido proceso de la ley estadounidense. Aquí la intención es muy similar, pero como se hace en El Salvador, donde no rige el derecho estadounidense y donde no hay estado de derecho, la desprotección es casi absoluta”.

El casi es porque la decisión del juez federal del Distrito de Columbia que frenó los vuelos a El Salvador impide que los deportados “queden completamente por fuera de la protección de EE UU”. Sus familias, entonces, podrían sumarse a una demanda colectiva, independientemente de sus recursos, apunta Pappier. Organizaciones como la suya están documentando quiénes son los venezolanos deportados y ubicando a sus familiares, muchos de las cuales han negado ante los medios que sus detenidos tuvieran relación con el Tren de Aragua, una banda criminal que es mencionada frecuentemente por Trump para vincular la migración con la delincuencia.

A la espera de aclarar quiénes son realmente los enviados a la megacárcel de El Salvador en la que se han documentado torturas y muertes violentas, el subdirector de HRW cree que estos esfuerzos para dejar a ciudadanos por fuera de la protección de la ley son muy preocupantes para todos. “El andamiaje jurídico que se utiliza primero contra los migrantes, luego se puede utilizar contra críticos, contra opositores, contra periodistas para intentar perseguirlos”, sostiene. “Hay que tener gran cuidado sobre cómo se debilita el estado de derecho en Estados Unidos, y lo sabemos bien por la experiencia latinoamericana, porque eso luego puede repercutir en afectaciones para todos”.

Las deportaciones de indocumentados —que hasta ahora no han sido tan masivas como le hubiera gustado a Trump, según ha reconocido su propio Gobierno— no han generado por el momento una gran reacción de protesta entre los estadounidenses como sí sucedió con la separación de familias en la frontera en 2018, especialmente después de que surgieran grabaciones de niños llorando y preguntando por sus padres. Pero Meyer cree que el punto de inflexión puede ser cuando el Congreso apruebe el presupuesto de 175.000 millones de dólares para la frontera y deportaciones, una partida que ya tiene el visto bueno del Senado y que podría multiplicar la capacidad de la Casa Blanca para expulsar a indocumentados.

“El miedo es que van a seguir intentando más y más políticas sin pensar en las consecuencias legales para tratar de mandar un mensaje y disuadir a la gente, pero también sin cuidar sus derechos de ninguna forma”, critica la vicepresidenta de WOLA. A Meyer le preocupa también la capacidad de estas acciones para fomentar el odio y el discurso antiinmigrante que, durante la primera presidencia de Trump tuvo consecuencias visibles, como el tiroteo de El Paso de 2019, en el que el homicida mató a 23 personas en un ataque que tenía como objetivo a los mexicanos.

No obstante, Meyer recuerda que, como sucedió en el primer mandato del republicano, muchas de sus medidas serán litigadas en los tribunales, algo que ya está sucediendo. Además, resalta la importancia de las voces en el Congreso a nivel estatal y local que siguen denunciando las irregularidades, intentando proteger a la población vulnerable y “asegurándose de que la gente tiene el derecho al debido proceso, independientemente de su estatus legal en el país”. “Si rompemos con eso”, advierte, “entonces podría repercutir también en cualquier ciudadano de Estados Unidos”.