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Un tatuaje del escudo del Real Madrid: la ‘prueba’ del Gobierno de Trump para deportar a un venezolano de Estados Unidos a El Salvador

La abogada de Jerce Reyes Barrios denuncia que el dibujo y un gesto de las manos bastaron para que las autoridades acusaran a su cliente, del que no tienen noticia desde el sábado, de pertenecer a la banda Tren de Aragua

Jerce Reyes Barrios en una imagen de sus redes sociales.
Macarena Vidal Liy

Un tatuaje con el escudo del Real Madrid, su equipo favorito, parece haber bastado para que la Administración de Donald Trump decidiera que el futbolista profesional venezolano Jerce Reyes Barrios, de 36 años, era un peligroso terrorista miembro de la banda delictiva Tren de Aragua. El entrenador de fútbol infantil fue expulsado a El Salvador en uno de los vuelos que el pasado sábado deportó a más de 200 venezolanos a los que se había aplicado una ley de guerra de hace tres siglos para negarles un proceso legal.

Así lo denuncia su abogada, Linette Tobin, en un escrito presentado al juez James Boasberg, del distrito de Washington. Este magistrado ordenó el sábado paralizar esas deportaciones y que, si los vuelos ya habían despegado, dieran la vuelta. Pero los aviones no regresaron. El Gobierno de EE UU alega que para cuando el juez emitió su dictamen las aeronaves ya sobrevolaban aguas internacionales y habían quedado fuera de su jurisdicción.

Según explica Tobin, Reyes Barrios había entrado legalmente en Estados Unidos en septiembre del año pasado. Futbolista de profesión, había participado en dos protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en febrero y marzo de 2024. En la segunda fue detenido y torturado en un edificio clandestino donde se le sometió a electrochoques y ahogamiento, junto a otros asistentes a las protestas.

“Poco después de aquella detención, huyó de Venezuela hacia Estados Unidos”, cuenta la declaración de la abogada. El deportista cruzó la frontera sur estadounidense de manera legal, tras haber solicitado y obtenido una cita a través de la aplicación CBP One, de la Patrulla de Control de Aduanas y Fronteras, para tramitar su caso. Quedó bajo custodia de las autoridades estadounidense en el centro de detención de Otay Mesa, en San Diego (California).

El presidente Joe Biden había expandido el uso de CBP One para que los solicitantes de asilo pudieran obtener a través de esa aplicación citas con las que cruzar legalmente la frontera y plantear su caso. Trump anuló esa opción inmediatamente tras su regreso a la Casa Blanca en enero pasado.

Reyes Barrios, que carece de antecedentes penales en Venezuela, solicitó asilo político en diciembre de 2024. Su caso iba a verse el próximo 17 de abril en el tribunal de inmigración de Otay Mesa. Pero el sábado, sin ningún tipo de comunicación a su familia o sus abogados, le llevaron al avión y fue deportado. Hasta el día 18 sus seres queridos no lograron ponerse en contacto con un agente de la fuerza de control migratorio (ICE) y confirmar que, efectivamente, había sido llevado a El Salvador.

El Gobierno estadounidense asegura -sin aportar una sola prueba, ni divulgar las identidades de los afectados- que en esos vuelos solo se deportaron a “criminales peligrosos”, miembros comprobados del Tren de Aragua, la banda delictiva venezolana que la derecha más conservadora de EE UU retrata como una peligrosa liga de malhechores que controla al régimen de Maduro y que pretende destruir a Estados Unidos desde dentro. La Administración Trump ha incluido a la banda en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. También alega que esta pandilla está perpetrando una “guerra irregular”, y por tanto puede aplicarse la Ley de Enemigos Extranjeros, del año 1798, que permite al presidente expulsar a los ciudadanos de otros países que estén en guerra o planeen una invasión contra EE UU.

En su escrito, Tobin denuncia que su cliente no guarda relación alguna con el Tren de Aragua. Y que las supuestas pruebas que alega el Departamento de Seguridad Nacional para asegurar que sí son erróneas. Una es un tatuaje, que según el ICE representa símbolos de la pandilla. La abogada incluye fotografías en su argumento para explicar que su defendido eligió ese dibujo, un balón rematado con una corona, porque es similar al escudo del Real Madrid, su equipo del alma. El escudo que lleva grabado Reyes Barrios en el brazo está rodeado de un rosario y la palabra “Dios”, en español.

La segunda es una fotografía encontrada en su perfil de Facebook, en la que el inmigrante alza varios dedos de las manos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es un gesto de identificación del Tren de Aragua. La abogada explica que forma parte del lenguaje de signos, para decir “te quiero”, y se ha convertido en un gesto habitual en el mundo del rock’n’roll.

“El señor Reyes Barrios era/es un jugador profesional de fútbol en Venezuela. Nunca ha sido detenido o acusado de ningún delito. Tiene un historial de empleo fijo como futbolista y como entrenador infantil y juvenil”, explica la abogada. Pero la foto y el tatuaje hicieron que se le identificara como pandillero y se le trasladara al centro de Otay Mesa en régimen de máxima seguridad.

Sus abogados presentaron un certificado de antecedentes penales de Venezuela, en el que se especifica que no hay constancia de que el futbolista cometiera jamás ningún delito; múltiples cartas de los empleadores de Reyes Barrios; una declaración jurada del artista que le grabó el tatuaje, y numerosas fotografías en internet que muestran tatuajes de balones y coronas similares a las del inmigrante, así como explicaciones online del significado del gesto. Con esa documentación, su cliente pudo salir del régimen de máxima seguridad.

“Sin embargo, el 10 o el 11 de marzo que transferido de Otay Mesa a Texas sin ningún aviso. El 15 de marzo fue deportado a El Salvador. Sus abogados y su familia hemos perdido todo contacto con él y no tenemos información sobre su paradero o las condiciones en las que se encuentra”, escribe Tobin.

Después de que las autoridades estadounidenses no obligaran a los aviones que transportaban a Reyes Barrios y sus compatriotas a traerles de vuelta, el juez Boasberg ha ordenado al Gobierno que le entregue bajo sello datos detallados sobre las horas, trayecto y pasajeros de esos vuelos. Los abogados del Departamento de Justicia se niegan a ello, alegando cuestiones de seguridad nacional, y se plantean incluso invocar la ley de secreto de Estado para bloquear esa información.


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Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
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