La UPV se pronuncia contra el borrador de la ley universitaria porque ataca su autonomía

El Consejo de Gobierno de la UPV (órgano integrado por representantes de toda la comunidad universitaria) aprobó ayer una declaración en la que considera que el borrador de la ley del Sistema Universitario Vasco supone un ataque a la "autonomía universitaria". Opina también que el borrador del Departamento de Educación no garantiza, "de forma estable y suficiente", la financiación para la actividad docente einvestigadora de la UPV. El texto, presentado por el equipo rectoral, fue apoyado por 20 consejeros, siete se abstuvieron y nadie votó en contra.

La declaración definitiva es menos contundente que el borrador inicialmente manejado por el Rectorado, que llegaba a acusar a Educación de pretender convertir a la UPV en una "universidad intervenida". El Departamento de Educación declinó ayer tarde opinar sobre la declaración del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno de la UPV debatió la declaración en una reunión extraordinaria celebrada en el campus de Leioa ayer, cinco días después de que el viceconsejero de Universidades, Jon Barrutia, compareciera ante este órgano para presentar el borrador y escuchar las valoraciones de los consejeros.

El texto, propuesto por el equipo rectoral que encabeza Manuel Monteroi, detalla las discrepancias de la UPV con el borrador de la consejería, que se refieren básicamente a la financiación, la política lingüística, la falta de armonización de las nuevas figuras del profesorado y la agencia vasca de evaluación y acreditación.

La crítica de la UPV se une a las ya expresadas por los partidos de la oposición. El PP y el PSE ya anunciaron hace un mes su rechazo al texto. El Consejo Social de la UPV (el órgano de enlace entre la universidad y la sociedad) aún no se ha pronunciado sobre el borrador.

La declaración de la UPV insta, de entrada, a Educación a que amplíe el plazo para hacer aportaciones a la futura norma, que, de ser aprobada por el Parlamento vasco, sustituiría a la Ley vasca de Ordenación Universitaria de 1998 y adaptará el sistema universitario vasco al marco creado por la Ley Orgánica Universitaria (LOU). Tras enumerar las críticas, el Consejo de Gobierno declara su "inequívoca voluntad de diálogo y su plena disposición a colaborar" con Educación para elaborar esta "ley trascendental para la universidad y la sociedad vasca".

El Consejo de Gobierno de la UPV se declara "inquieto" porque el borrador incluye disposiciones que suponen un "ataque a la autonomía universitaria". Sostiene que el Departamento de Educación pretende e introducir "formas de control opuestas a la naturaleza de la Universidad", que ni siquiera "mejoran los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas".

Recalca que la base de la autonomía universitaria es "la financiación" y, al hilo de este aspecto, la UPV recuerda que el borrador no contempla que la subvención ordinaria garantice de manera "suficiente y estable el desarrollo de la actividad docente e investigadora". La única universidad pública de Euskadi tampoco oculta que ve cierto agravio respecto a las de Deusto y Mondragón. Apunta en este sentido que las vías de financiación previstas para las universidades privadas y de la Iglesia "no están condicionadas a ningún criterio de calidad o de acreditación, sino que sólo dependen de la discrecionalidad" de la consejería.

No a cambios lingüísticos

La declaración subraya que el modelo de euskaldunización vigente en la UPV es eficaz y "goza de un muy alto grado de consenso interno", por lo que aboga por mantenerlo de modo que , sin decirlo expresamente, rechaza los cambios previstos en materia lingüística. La UPV aboga porque la nueva normativa universitaria vasca armonice las "nuevas figuras de profesorado para evitar la aparición de barreras territoriales que dificulten la circulación [entre comunidades] de docentes acreditados en diversas agencias". Respecto a la agencia de evaluación y acreditación diseñada por la consejería de Educación, el Consejo de Gobierno de la UPV afirma que debe basarse "en criterios técnicos y tener garantizada su independencia". El borrador prevé que el patronato esté controlado por el Gobierno vasco.

A la UPV tampoco le gusta el diseño del plan universitario, que establece sus prioridades y objetivos para un determinado periodo, porque "consagra un gobierno de la universidad externo a ella", dado que se atribuye "la determinación ilimitada e imperativa de objetivos y prioridades".