El proyecto de ley de Cajas se tramitará de urgencia

La Mesa del Parlamento ha calificado ya el proyecto de modificación de la ley vasca de Cajas de Ahorro, que será tramitado de urgencia. El texto se publicará en el boletín de la Cámara a finales de esta semana, momento en que se abre el periodo de enmiendas, que queda reducida a una semana. La rapidez en la tramitación se debe a la voluntad del Gobierno de que el proyecto, que adapta la Ley Financiera, normativa básica aprobada por las Cortes a finales de 2002, permita a las cajas de ahorro vascas realizar de una sola vez el cambio de estatos obligado para adattarse a ambas normativas. Las modificación se deben hace antes del 31 de junio, plazo marcado por la Ley Financiera.

Los partidos que sustentan al Gobierno (PNV, EA e IU), no cuentan con mayoría suficiente en el Parlamento, por lo que precisan el apoyo de otra fuerza política. El proyecto ha sido estudiado por las instituciones afectadas y por las propias cajas y llega bastante adaptado a sus sugerencias. Sin embargo, los grupos políticos todavía no se han pronunciado y van a estudiar con rapidez el texto para precisar las modificaciones que quieren introducir vía enmienda en el Parlamento y perfilar su postura final.

Entre las sugerencias que ha aceptado el Gobierno está la de las propias cajas, que pidieron que el proyecto no estableciera un número fijo de consejeros y miembros de la asamblea. Así, se mantienen las horquillas en el número de consejeros y miembros de la asamblea de la ley de 1991: entre once y diecisiete miembros el consejo de administración, y entre 60 y 120

la asamblea. Asimismo establece que los doce años de permanencia máxima para el presidente y los consejeros que permite la Ley Financiera se repartan en cuatro mandatos, con nombramiento irrevocable hasta que se agote el periodo. El proyecto se acoge a las indicaciones europeas de que las instituciones públicas no ocupen más de un 50% de los órganos de gobierno (hasta ahora un 54%). Este 50% se reparte en un 20% para las entidades fundadoras (diputaciones y ayuntamientos de las capitales) y otro 30% para los otros municipios. Una novedad de la norma es la regulación de la figura del defensor del cliente y de un servicio de atención al cliente. La primera figura, aunque reglada, queda al libre albedrío de las entidades financieras.