Un modelo a seguir

Cuando la bronca es con tanta frecuencia la nota dominante de las relaciones entre el Gobierno y el resto de las fuerzas parlamentarias, un destello de sentido común ha iluminado la escena política española. La aprobación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Coalición Canaria (por motivos todavía subsanables en el Senado), demuestra que cuando hay voluntad de diálogo el deseable consenso es posible. Esto era especialmente importante en una ley que afecta a la sanidad pública española, uno de los pilares del Estado de bienestar y un instrumento esencial de equidad.

En el poco tiempo que lleva en el cargo, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha demostrado una capacidad de diálogo encomiable, y ello ha permitido subsanar las reticencias que el proyecto había despertado en las comunidades autónomas -incluidas algunas gobernadas por el PP- y en los partidos de la oposición. Las reticencias estaban justificadas porque la transferencia de la sanidad a la decena de comunidades que aún no la tenían, a partir de 2002, provocó disfuncionalidades graves. La principal, el riesgo de consolidación de un mecanismo perverso por el que la Administración central tomaría las decisiones de las prestaciones a garantizar en el sistema público, sin asegurar a las comunidades autónomas los recursos financieros necesarios para ello.

El consenso ha dado como resultado que, de las más de quinientas enmiendas presentadas al proyecto, apenas han llegado al pleno del Congreso unas decenas, lo que ha permitido mejorar sustancialmente el contenido de la ley y ha asegurado además su perdurabilidad, algo muy importante en una cuestión de tanta trascendencia. La nueva ley refuerza la naturaleza pública del sistema y consolida el Consejo Interterritorial de Salud como organismo colegiado de toma de decisiones; garantiza una financiación adecuada a las nuevas prestaciones que se vayan incorporando, y hace especial énfasis en la equidad territorial.

Más allá de la cobertura de la asistencia a los desplazados, el fondo de cohesión previsto en la ley puede ser un eficaz instrumento para corregir los posibles desequilibrios que, por razones diversas, pueden producirse entre las diferentes comunidades autónomas. Finalmente, los cambios introducidos en la regulación de la Alta Inspección han mejorado el perfil de esta institución que muchas comunidades autonómas veían como un posible ariete de injerencia de la Administración central en sus competencias, aunque en este caso sólo la práctica permitirá disipar totalmente las reticencias.

El conjunto, pues, es más que satisfactorio y permite esperar que sirva de modelo para la gran cuestión pendiente de la sanidad española, la política farmacéutica. Se trata de una asignatura pendiente de suma trascendencia, con enormes intereses en juego que no siempre actúan en pro del bien colectivo. Urge un marco legal que garantice el uso racional de los medicamentos y ponga orden en un sector que precisa de una revisión en profundidad.