Proyectos de reforma estatutaria

¿Cómo será la Cataluña del futuro? ¿Cuál será su modelo de financiación? ¿Habrá representación autonómica en la Unión Europea? ¿Debe ser la Generalitat Administración única? Los partidos mayoritarios en Cataluña -Convergència i Unió y Partit dels Socialistes (PSC)- han dado alas a sus departamentos de creatividad política y se disponen a responder públicamente a todas esas preguntas en los próximos días. Pero lo que para unos es un sueño para otros es una pesadilla. Así lo percibe el Partido Popular a través de su máximo dirigente, José María Aznar, quien el pasado mes de noviembre y en un coloquio público celebrado en Sitges afirmó: "Es una aventura, un riesgo y un experimento innecesario". En Cataluña, esa "aventura" cuenta con el apoyo del 90% de representantes de la soberanía popular, quienes apuestan por superar el marco autonómico que aprobaron las Cortes y fue refrendado en las urnas en 1979. Junto a CiU y PSC figuran en ese afán estatutario Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Varía, eso sí, el énfasis de cada uno pero tienen un generoso común denominador.

La inmensa mayoría del Parlamento de Cataluña apoya un cambio del Estatuto

Ahora, en vísperas de elecciones, tanto CiU como PSC esperan sacar provecho mediático a su proyecto de estatuto presentándolo con pompa y boato en las próximas semanas. Los socialistas no han fijado fecha, pero será antes de fin de mes. La federación nacionalista prepara su pirotecnia estatutaria para dos fechas: el 31 de marzo y el 6 de abril, con un acto multitudinario. Los estados mayores de ambas formaciones guardan como los cartujos un estricto silencio. Hasta el punto que todos los dirigentes políticos consultados por este diario -tanto de CiU como de PSC- han preferido no aparecer con nombre y apellidos para evitar que sobre ellos recayera la sombra de la infidelidad.

Aunque la proximidad de las elecciones autonómicas del próximo otoño acreciente la pasión autonomista, la prudencia mediático-electoral aconseja no adelantar acontecimientos. Con todo, buena parte de los argumentos que se barajan para ese futuro estatuto fueron anticipados por CiU en el documento Nuevo impulso al autogobierno, de marzo del año pasado. El PSC, mientras, esbozó parte de sus propuestas en el texto presentado en la comisión para el incremento del autogobierno del Parlamento de Cataluña.

El caso es que las dos fuerzas que se disputan el Gobierno de Cataluña han llegado a la conclusión de que es necesario reformar el Estatuto. El líder socialista Pasqual Maragall transgredió ya en diciembre de 1999, semanas después de las últimas elecciones autonómicas, un tabú que ha perdurado durante más de 20 años: proponer la reforma del Estatuto y de la Constitución. Convergència i Unió ha visto con inquietud la creciente competencia autonomista del PSC. El pacto de investidura suscrito entre CiU y PP, y que dio la presidencia de la Generalitat a Jordi Pujol en 1999, establecía que en la presente legislatura los nacionalistas catalanes se comprometían a no impulsar reforma alguna de los grandes textos legislativos, el Estatuto entre ellos. Al principio pues, desde CiU se veía con recelo que la izquierda -y especialmente los "sucursalistas" socialistas- impulsara una reforma estatutaria y que ellos, los nacionalistas que habían hecho de las reivindicaciones autonomistas el eje de su política, quedaran constreñidos al triste papel de mantener el statu quo por el pacto con el Partido Popular.

CiU, junto con sus aliados populares, llegó a frenar en la Cámara legislativa catalana las conclusiones de la comisión para el autogobierno. Por vez primera, la federación nacionalista ponía visiblemente sordina a las reivindicaciones de más autogobierno, un elemento clave en su política de negociación con el Gobierno de turno en Madrid. Pero a partir del verano del año pasado, comenzó a visualizarse el distanciamiento de los nacionalistas catalanes respecto al PP. En octubre, el delfín de Pujol, Artur Mas, presentó las grandes líneas de ese nuevo estatuto que CiU se comprometía a impulsar para la próxima legislatura. Mas quiso de esta manera poner su sello en la política de CiU, proponer un pacto de Estado para Cataluña, superar con un proyecto de calado el regateo competencial que ha caracterizado los 23 años de Gobierno de Jordi Pujol.

Como ha reiterado en diversas ocasiones Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de la federación nacionalista, "desde Convergència i Unió queremos recuperar el espíritu del pacto constitucional". Los nacionalistas dan por muerto y enterrado el espíritu que presidió la elaboración de la Constitución y el Estatuto. Ese que hizo que a lo largo de más de 20 años Pujol siempre prefiriera referirse a la relectura a la reforma.

Al inicio del pasado otoño, todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se pusieron de acuerdo en proponer la reforma del Estatuto y constituir una comisión parlamentaria ad hoc. Ahora, el principal enemigo al que debe hacer frente ese proyecto es la proximidad de las elecciones y al consiguiente afán de protagonismo, a los codazos entre partidos. En lo básico, hay acuerdo.