Los transexuales animan a pleitear para que la Sanidad atienda el cambio de sexo
Una sentencia del TSJC crea el precedente para reclamar el derecho
La Asociación de Transexuales e Intersexuales de Cataluña anima a las personas que quieran someterse a una intervención quirúrgica de cambio de sexo por cuenta de la Seguridad Social a recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena al Departamento de Sanidad de la Generalitat "a fijar día y hora para la operación de cambio de sexo al demandante, un hombre de 29 años que se siente mujer desde los 7", sienta un precedente esperanzador para el colectivo de transexuales al reconocerles el derecho a ser atendidos en la sanidad pública.
Las personas transexuales se sienten una de las minorías más marginadas e incomprendidas de la sociedad. Están hartas de que se equipare la operación de cambio de sexo a la de cualquier otra de cirugía estética. Insisten en que a diferencia de la homosexualidad, que no requiere tratamiento médico, la transexualidad sí lo precisa. Pasar por el quirófano, lejos de ser un capricho, es con frecuencia una necesidad psíquica para estas personas.
El caso del demandante que ahora ha ganado el caso se remonta a 1999, cuando solicitó a la sanidad pública ser operado y, tras ser denegada su petición en tres ocasiones, decidió recurrir a los tribunales. Los jueces han evaluado el informe psiquiátrico que afirma que el hombre sufre un trastorno de identidad sexual que le aboca a un síndrome depresivo.
Dos miembros de la Asociación de Transexuales e Intersexuales de Cataluña explicaron ayer lo complejo que resulta para estas personas llevar una vida normal. Olga Cambasani contó que habla seis idiomas, atesora una larga experiencia como traductora e investigadora, pero de poco le sirven sus conocimientos cuando la empresa para la que aspira trabajar observa que en su DNI figura el nombre de Pedro y sexo masculino. Tampoco pueden pagar con tarjeta de crédito ni casarse. La legislación vigente no les permite cambiar oficialmente el nombre si no están operados.
Joana López, otra de las portavoces de la asociación, insistió en que para ellas no se trata únicamente de un problema económico, sino sobre todo clínico. Y encuentran serias dificultades para hallar médicos que las traten adecuadamente.
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