Aprobada por unanimidad en las Cortes la ley valenciana de cooperativas

La nueva Ley de Cooperativas, que actualiza el marco normativo por el que estas entidades se regían hasta ahora, elaborado en el año 1985, fue aprobada ayer por unanimidad en las Cortes Valencianas, donde fue tramitada por el procedimiento de lectura única, en el que no caben enmiendas. La ley, que afecta a unas 5.000 sociedades cooperativas, que agrupan a casi un millón de socios en la Comunidad Valenciana y generan una actividad económica que ronda los 10.000 millones de euros, regula el procedimiento y los requisitos para el reconocimiento de una cooperativa como entidad no lucrativa y recoge las garantías de estas entidades frente a los acreedores y terceros, cuestiones ambas que el sector venía reclamando desde hace tiempo.

El consejero de Economía, Vicente Rambla, que defendió el proyecto, señaló que esta ley pretende dotar de un cuerpo normativo "sólido, coherente y actual" al cooperativismo valenciano, que tiene más de 150 años de tradición. El texto, que supone una adaptación de la ley valenciana a la legislación española, introduce novedades como la del régimen económico destinado a dinamizar todos los recursos económicos de las cooperativas. Uno de los objetivos que persigue es facilitar la cooperación entre cooperativas, con el fin de favorecer la concentración empresarial y la creación de grupos cooperativos, que permitan abarcar proyectos empresariales "ambiciosos".

Rambla aseguró que la ley está "a la altura de las necesidades del mundo cooperativo" y que es una de las de "mayor alcance" en el ámbito del derecho privado. Además, se felicitó de la unanimidad alcanzada por este proyecto legislativo, algo que, según dijo, redundará en que el movimiento cooperativo valenciano se sitúe "a la vanguardia del conjunto nacional".

Los grupos de la oposición justificaron su respaldo al proyecto -que ha contado con el apoyo del sector cooperativo valenciano- porque mantiene gran parte del articulado de la anterior ley y facilita la adaptación a los avances experimentados en los últimos años.

Por otra parte, el PP aprobó en solitario la Ley de Publicidad Institucional, que establece el régimen jurídico de las campañas publicitarias que desarrollan las instituciones públicas valencianas. Durante el debate, los populares rechazaron las 59 enmiendas presentadas por la oposición, entre ellas las que pedían que el ámbito de actuación de la normativa se extendiera a toda la actividad publicitaria que realiza la Generalitat, sus empresas, los órganos autónomos y las empresas participadas con capital público, incluidos los anuncios informativos y las inserciones relativas a trámites de procesos administrativos. Los socialistas anunciaron que si alcanzan el poder derogarán esta ley, porque permite continuar con la "utilización partidista de la publicidad institucional" como "intrumento de intoxicación política".