Papeles para los inmigrantes que no pueden ser expulsados

Si el año pasado el Síndic reclamaba un permiso de residencia temporal para los inmigrantes irregulares que el Gobierno no lograba repatriar, Anton Cañellas ha decidido ir más lejos en su informe para este ejercicio. El defensor del pueblo catalán afirma que "las expulsiones, devoluciones y órdenes de retorno que no se puedan ejecutar en un plazo razonable tienen que suspenderse", algo que en su opinión debería desembocar en "el reconocimiento de una situación administrativa estable" del inmigrante.

La aplicación de esta propuesta significaría la regularización de los cerca de 130.000 inmigrantes indocumentados que actualmente residen en Cataluña. Éstos son ciudadanos de países que no tienen firmados convenios de repartriación con las autoridades españolas, lo que impide su expulsión o retorno forzoso a sus países de origen. Sin embargo, tampoco pueden disfrutar de un permiso de trabajo, lo que les lleva a trabajar en la economía sumergida o, en algunos casos, a la delincuencia.

También en materia de inmigración, el Síndic critica el "incumplimiento" de las normas por parte de las administraciones, lo que en su opinión "no transmite mucha confianza a quienes tienen que pasar por estos procedimientos administrativos". El Síndic se refiere al incumplimiento de los plazos previstos por la ley en los procedimientos de tramitación de solicitud de visados y permisos de trabajo.

En lo que a integración se refiere, el Síndic repite sus críticas hacia el Gobierno central y la Generalitat. "La integración de los inmigrantes se materializa a nivel local, municipal. Por esta razón, el Gobierno estatal y el autónomo tienen que auxiliar financieramente a los municipios para que alcancen con éxito esta integración".