A todo gas

La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de la eléctrica Iberdrola por la empresa Gas Natural es una operación compleja que no puede interpretarse desde un solo punto de vista. Los hechos son que una empresa que controla el mercado del gas natural en España -considerada como la energía del futuro en los países desarrollados- se dispone a comprar la segunda compañía eléctrica española, cuya producción es en gran parte hidroeléctrica; que la empresa comprada casi duplica en capitalización bursátil a la compradora; que Gas Natural ofrece 6,80 euros y 0,58 acciones por cada título de Iberdrola y condiciona la OPA a obtener el 75% del capital.

No es la primera vez que se pone sobre el tapete esta unión. En 2000, la operación se planteó en términos de igualdad, y hoy se presenta como una oferta de compra. Desde un punto de vista empresarial, pocos reparos pueden hacerse a la operación. Gas Natural es una compañía capaz de generar un elevado volumen de caja, en parte porque controla casi el 80% del gas en España con tarifas fijadas desde el Gobierno. Vive en un mercado seguro y en expansión. Por tanto, y dado que el crecimiento interno de la empresa difícilmente puede acelerarse, con el dinero que genera está en disposición de comprar crecimiento adquiriendo otras empresas. La elegida, Iberdrola, es una opción razonable. Sus actividades son complementarias, la nueva empresa estaría en disposición de ofrecer paquetes de servicios eléctricos y de gas, y además, la compradora se garantiza la incorporación de los nueve millones de clientes de Iberdrola. Dado que el mercado gasístico estaba sujeto a liberalización, Gas Natural se garantiza de un golpe que mantendrá clientes y mercados para una gama de productos más amplia.

La operación, no obstante, tiene varios riesgos. El que se aprecia a simple vista proviene de la resistencia de los accionistas de Gas Natural a suscribir la OPA. Los cuatro consejeros que representan el capital de Repsol en la empresa gasística (24,4%) han votado en contra de la operación, y un consejero independiente ha hecho lo propio. La impresión es que la compra de Iberdrola no encaja en los planes de Repsol ni del BBVA, el accionista común en Iberdrola. Tienen razón los consejeros de Repsol cuando sugieren que un momento de incertidumbre geopolítica y financiera como el actual no es el más oportuno para la operación. Los mercados han castigado a Repsol porque entienden que se verá obligado a asumir una deuda superior a la que ahora lastra sus cuentas de resultados. Pero el entorno geopolítico es también un arma de doble filo. La amenaza de guerra y la incertidumbre energética contribuirán a distraer la atención de la opinión pública y, de paso, proporcionan un argumento de peso para defender empresas energéticas grandes y consolidadas.

Desde la perspectiva de la competencia, los argumentos son ambivalentes. Es cierto que la neutralización mutua de dos competidores potenciales recorta el grado de competencia en el mercado energético; pero hay que reconocer también que el nivel de competencia es muy bajo. Tanto que quizá sea una táctica más rentable aprovechar que la dirección de Competencia debe examinar los términos de la compra para imponer condiciones que aceleren la liberalización real en el mercado del gas. Si la operación se cierra sin sentar las bases para que los consumidores se beneficien de un mercado mejor regulado, será un fracaso político para el Gobierno, aunque sea un éxito para las empresas.