Apuros presidenciales en México

El turbio apuñalamiento de la titular del Instituto Electoral del Estado de México, que renueva hoy alcaldías y escaños, ocurrió el 19 de febrero, después del asesinato en Culiacán, tierra de narcos, del suegro del secretario del presidente, Vicente Fox, y ocho días antes de la detención, en la capital federal, del ex titular de la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández. Los demonios andan sueltos, de nuevo, en México, acogotado por una violencia antigua y un escándalo, plagado de mentiras, verdades y manipulaciones sobre fondos electorales prohibidos, que castiga a Fox, a su antecesor, Ernesto Zedillo (1994-2000) y puede tener efectos expansivos.

"Todos aquellos que quisieran ver caer a la pareja presidencial, todos aquellos que están esperando a ver cuándo se tropiezan, van a beber una sopa de su propio chocolate", declaró el presidente, en referencia a una supuesta maquinación para descabalgarlo del poder junto con su esposa, Marta Sahagún, a quien la oposición critica un protagonismo que excede las prerrogativas de las primeras damas.

El monto de los ingresos ilegales, según los cargos, supera los 200.000 dólares

Pero el escándalo de portada se remonta al 21 de junio de 2000, fecha en que todo anticipaba la victoria del ex gobernador de Guanajuato en las elecciones presidenciales del 2 de julio. "Una persona con la que Zedillo despachaba a diario y que ahora coquetea con el Gobierno filtró la información del CNBV al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para tratar de parar a Fox", según las fuentes consultadas.

Enrique Jackson, diputado del PRI, que fue régimen durante siete decenios, acusó entonces a Lino Korrodi, recaudador de la agrupación Amigos de Fox, de operar un sistema de transferencias de dinero procedente del extranjero, constitucionalmente ilegal. "Y quien reparte se lleva la mayor parte", ironiza la maledicencia, en alusión a Korrodi, que niega haber cometido delito alguno y obtuvo sucesivos amparos judiciales para no testificar. Los ingresos documentados, según los cargos, superan los 200.000 dólares pero otros cálculos los sitúan en cerca de 30 millones.

"Espero que este escándalo no se convierta en el Watergate de Fox", advirtió el analista Leo Zuckerman. Todo indica que los remitentes del dinero fueron grandes empresas mexicanas o particulares que apoyaron al PRI y después al emergente Fox, y disimularon las transferencias, efectuándolas desde Bélgica o Estados Unidos, según fuentes cercanas a la investigación. El peloteo, los subterfugios y los problemas de competencias entre tribunales, sospechosos de parcialidad algunos, retrasaron las investigaciones. La bomba estalló el pasado 24 de febrero. Sintiéndose en peligro, y animado en la sombra por gente con otros intereses, Eduardo Fernández, presidente de la CNBV durante el sexenio de Zedillo y los meses previos a la investidura de Fox, en diciembre del 2000, salió a la carga.

"Tengo información microfilmada de todo", avisó. "Los mecanismos utilizados por los Amigos de Fox son similares a los que utiliza la delincuencia organizada". Dos días después era detenido. Fox, ahora, y Zedillo, tres años atrás, encubrieron a los presuntos delincuentes, afirmó.

Fernández pidió este jueves que Zedillo fuera llamado a declarar. Curiosamente, según la aguda observación de un funcionario, uno de sus abogados trabaja con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), enemigo jurado de Zedillo. "Un ex presidente se queda sin poder, pero rodeado de una corte de lambiscones (pelotas)", dice uno de los personajes de La Silla del Águila, último libro de Carlos Fuentes. "Ahora lo engañan sus allegados. Le ofrecen la tentación de la venganza".

La reflexión literaria es un comodín susceptible de cuadrar en varios ex presidentes mexicanos, aunque los términos de la inducción al desquite pueden invertirse. "Salinas no perderá ocasión de atizarle a Zedillo", aventura el funcionario.

Todo es posible en el México de las caretas, las reyertas y las cloacas. El reacomodo de fuerzas, la violencia política y la lucha por el poder malogran, mientras tanto, la construcción del ansiado Estado de derecho. "¿Tenemos transición o descomposición?", se pregunta una fuente oficial con conocimientos para la interrogación.

Más la segunda que la primera, a juzgar por el griterío, las intrigas, los focos de violencia y la fragilidad de los poderes del Estado, pese a los esfuerzos del Gobierno por acertar. "El punto central es que es la percepción de que se pueden hacer cosas extraordinarias sin costos políticos ni penales", señala el analista Jorge Fernández. "Que la ausencia de control permite aventurarse hasta el exceso con un alto grado de impunidad".

La abrupta y amenazadora entrada en liza de Eduardo Fernández no parece ajena a esas conclusiones. El ex jefe de la CNBV no es un pelanas, ni una hermanita de la caridad y conoce como pocos las entrañas del sistema financiero y la identidad de quienes depredaron las arcas públicas con complicidades oficiales.

"Está queriendo protegerse, pero se ha suicidado. Puede acabar con tiro en la cabeza", señala una fuente. Fernández, acusado de violación del secreto bancario y de las obligaciones de funcionario, amén de lavado de dinero, fue el principal operador del monumental y controvertido rescate bancario de 1995. En disputa con otros altos funcionarios, actuó a discreción durante la distribución de cerca de 40.000 millones de dólares, que treparon hasta los 70.000 actualmente. Perdonó las deudas de grandes empresarios y benefició o perjudicó, sin que el interés nacional fuese su norte, de acuerdo con sus detractores. No pocos banqueros se prestaron entre sí, se hicieron millonarios, y el Estado corrió con las deudas.

México debió dedicar el 11,9% del PIB para evitar la bancarrota nacional, consecuencia del cataclismo financiero de las Navidades del año anterior, coincidiendo con el relevo de los presidentes Salinas y Zedillo, que acabaron enemistados por complejas razones. Ambos se imputaron las principales causas de la catástrofe.

El presidente Fox y su Partido Acción Nacional (PAN) encajarán, sin duda, los costes políticos derivados de la denunciada financiación ilegal de su campaña porque la decencia fue su estandarte electoral. Pero el escándalo tiene ramificaciones de mayor calado que la actuación de los Amigos de Fox, y en su desarrollo ya se detectan movimientos espurios.

Asumiendo responsabilidades que no parecen corresponder, de acuerdo con portavoces oficiales, desde la Auditoría Superior de la Federación parece animarse a un regreso sobre el rescate, sus servidumbres y los organismos que lo controlaron: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), sustituido el día de la guadalupana de 1998 por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), según acuerdo de la Cámara de Diputados.

El debate sería un revulsivo nacional porque, según recuerda Luis Javier Valero Flores en su ensayo Fobaproa-IPAB. El doble atraco del siglo, "los más acaudalados empresarios, aliados a poderosos grupos económicos extranjeros, precipitaron la crisis financiera que llevó a que más de siete millones de usuarios de la banca cayeran en cartera vencida, con graves repercusiones para la vida política, económica y social del país".