Anticorrupción y Hacienda investigan contratos millonarios de vestuario militar

La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda investigan concursos millonarios de vestuario y material militar de intendencia adjudicados por el Ministerio de Defensa durante los últimos cinco años, entre los que destaca la compra de 20.000 chalecos de combate con los que se equipó a los 400 soldados españoles destacados en Afganistán. Defensa, que ha declinado hacer comentarios sobre esta investigación, ha relevado al comandante jefe encargado de redactar las prescripciones técnicas de estos concursos; un oficial al que el antiguo Cesid investigó su patrimonio inmobiliario.

El servicio secreto investigó el patrimonio inmobiliario del comandante relevado

José Delgado de Felipe, comandante jefe de la Sección de Estudios y Proyectos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (Pecamy) del Ejército de Tierra, ha sido cesado en su puesto y trasladado forzosamente a la dirección de asistencia al personal. El Pecamy elabora los pliegos de prescripciones técnicas para concursos de material militar por 90 millones de euros al año.

La orden de traslado fue publicada en el boletín oficial de Defensa del pasado 13 de diciembre y está firmada por el general Alfonso Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. El comandante ha declinado hacer ningún comentario a las preguntas de este periódico.

Redactor y evaluador

Delgado estaba destinado en el Pecamy desde hace 11 años y era el encargado de redactar los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos de material militar de intendencia del Ejército de Tierra. También era el responsable de evaluar las muestras previas y las documentaciones presentadas por las empresas concurrentes a los concursos, en su mayoría de vestuario, equipos de campaña, intendencia y combate.

La mayoría de los expedientes de adjudicación solicitados por la Fiscalía Anticorrupción al Ministerio de Defensa llevan la firma del citado oficial y están siendo examinados por la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda. El informe de esta unidad no ha concluido y los funcionarios solicitarán nuevos expedientes al Ministerio de Defensa.

Fuentes de la fiscalía señalan que sus diligencias de investigación intentan determinar una presunta malversación, desviación de precios o calidades y retribuciones a funcionarios públicos en los concursos examinados. Estas fuentes han declinado facilitar los nombres de las empresas investigadas, así como los concursos a los que afecta la investigación.

El Centro Nacional de Inteligencia, antiguo Cesid, investigó hace un año el patrimonio inmobiliario del comandante jefe de la Sección de Estudios y Proyectos que acaba de perder su destino. En concreto, un chalé en una parcela de 4.400 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Madrid. El oficial argumentó entonces que compró su vivienda gracias a "una herencia", y fuentes de Defensa aseguran ahora que en la investigación patrimonial no se detectaron irregularidades.

Un portavoz de ese ministerio no quiso facilitar datos sobre las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción: ni sobre los concursos y empresas afectadas, ni sobre los oficiales del Pecamy relacionados con dichas adjudicaciones. Tampoco sobre las causas del citado traslado.

Delgado de Felipe es el autor del pliego de prescripciones técnicas del concurso en el que se adjudicaron 20.000 portaequipos de combate a Yuma, SA, con sede en Zaragoza, la empresa que presentó la oferta más cara. Estos portaequipos carecen de la protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material militar. El portaequipos de combate es una prenda similar a un chaleco del que cuelgan los cargadores de munición y bombas de mano. Cubre el pecho y la espalda.

Defensa gastó 2,1 millones de euros en la compra de estos chalecos en dos concursos a los que concurrieron, además de Yuma, SA, otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían la protección IR en su producto y costaban 552.931 euros menos. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, aseguró que la protección IR no es necesaria para la seguridad de los soldados, y más tarde su ministerio convocó otro concurso de 15.000 chalecos en los que se exige el IR.