Iniciativa per Catalunya llevará a los tribunales al Ejecutivo catalán por su manipulación de encuestas

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) anunció ayer que esta semana presentará una demanda contra el Gobierno catalán por un presunto delito de "falseamiento de documentos oficiales" como consecuencia de la cascada de sondeos, encuestas y estudios oficiales que el Ejecutivo catalán ha entregado a la Cámara manipulados o mutilados en los últimos meses.

Los grupos de izquierda también presentaron ayer conjuntamente una propuesta para crear una comisión de investigación en el Parlament y que el PP, socio parlamentario de CiU, "no tendrá más remedio que apoyar si el Gobierno no depura responsabilidades políticas en un plazo breve", según afirmó el portavoz adjunto de este partido en la Cámara catalana, Daniel Sirera.

La temperatura política volvió a subir ayer algunos grados tras conocerse que el Gobierno catalán pagó un estudio electoral pensado para favorecer a Convergència Democràtica, el partido de Jordi Pujol, en detrimento incluso de sus socios de Unió (véase EL PAÍS de ayer). El Ejecutivo envió a la Cámara el trabajo sin los apartados más políticos. Ayer emitió un comunicado a primera hora negando la información publicada por este periódico, pero posteriormente admitió el error e hizo llegar el estudio completo al Parlament.

El conseller en cap, Artur Mas, consideró que se trata de un "error administrativo" sin ninguna intencionalidad política y aseguró que no habrá ninguna dimisión. La izquierda lleva semanas exigiendo el cese del secretario de Comunicación del Ejecutivo, David Madí, uno de los colaboradores más próximos a Mas.

Iniciativa se ha cansado ya de exigir responsabilidades políticas y ayer el portavoz de su grupo parlamentario, Joan Boada, anunció que este partido acudirá esta misma semana a los tribunales. Boada anunció una doble acción: de un lado presentará una demanda penal contra el Ejecutivo por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, por la que tienen previsto reclamar la inhabilitación pública de los responsables. Del otro, interpondrá una demanda civil contra Convergència i Unió (CiU) por "daños y perjuicios" al haber difundido una encuesta falsa. "Si nadie asume responsabilidades, nuestra obligación es llegar hasta el final", afirmó ayer Boada.

ICV también impulsó ayer otra medida para tratar de poner luz al escándalo de las encuestas, conjuntamente con el Partit dels Socialistes (PSC) y Esquerra Republicana (ERC). Las tres formaciones presentaron una propuesta para crear una comisión de investigación. Hasta ahora, todas las comisiones planteadas en esta legislatura han topado con el rechazo de Convergència i Unió (CiU) y del PP, pero ayer esta formación dejó la puerta abierta a aceptar esa comisión.

Daniel Sirera, portavoz parlamentario del PP, dijo que su formación "no tendrá más remedio que apoyar" la comisión de investigación si el Ejecutivo catalán no "depura responsabilidades" en un plazo breve. Los conservadores exigen que se produzca algún cese antes del pleno de la próxima semana.