La violencia doméstica obligó a 1.553 mujeres a refugiarse en alojamientos de la Junta en 2002

Casi 3.700 personas abandonaron sus viviendas el año pasado para huir de la violencia que sufrían entre sus muros. El informe anual del Instituto Andaluz de la Mujer refleja que 1.553 mujeres, acompañadas por sus hijos, se refugiaron en alguno de los centros de la red autonómica para escapar de los malos tratos. La Junta de Andalucía, que no podrá personarse como acusación particular en los casos de agresiones extremas, como era su intención, estudia una fórmula alternativa para arropar a las víctimas en los procesos penales como podría ser la reclamación de daños económicos y sociales al agresor. En los primeros dos meses de 2003 han muerto tres mujeres por malos tratos en Andalucía.

Tras la presentación del informe anual, la directora del IAM, Teresa Jiménez, explicó ayer que la Junta de Andalucía no podrá personarse como acusación particular en ninguno de los tres procedimientos abiertos por la muerte de estas mujeres, como figuraba en el segundo plan andaluz contra la violencia hacia las mujeres, porque una sentencia del Tribunal Constitucional cerró esa vía de personación a las administraciones públicas. Jiménez agregó que los servicios jurídicos autonómicos están analizando una fórmula alternativa como podría ser la reclamación de daños sociales y económicos que produce la violencia de género, aunque admitió que es una vía más complicada. "Seguimos pensando que cada vez que una mujer muere en Andalucía se produce un daño irreparable", dijo.

La lucha contra la violencia de género constituye uno de los puntales de la labor del IAM tanto por las medidas adoptadas como por el dinero que recibe. El 35% de las partidas gastadas en 2002 por el organismo público, que cuenta con 26 millones de euros de presupuesto total, se destinaron a la erradicación de la violencia. El mantenimiento de la red del servicio de atención y acogida cuesta 4,8 millones de euros al año.

Este dispositivo incluye 11 casas de emergencia donde se refugian las mujeres que requieren atención urgente por hallarse en situación de peligro, 8 centros de acogida y 27 pisos tutelados. De las 3.625 personas que tuvieron que alojarse en alguno de estos servicios, 1.553 eran mujeres adultas que huían de su agresor y las restantes plazas fueron para sus hijos.

La directora del IAM también pidió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los titulares de juzgados que colaboren en la elaboración del estudio sobre el impago de pensiones, que está realizando la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "No nos están ayudando demasiado", indicó Teresa Jiménez. El objetivo del IAM es poner en marcha un mecanismo para adelantar el dinero impagado a mujeres separadas que hayan sido víctimas de agresiones. Este fondo no anularía en ningún caso la obligación del ex cónyuge de abonar la pensión compensatoria y/o alimenticia.

La asociación Themis está recabando datos en varios juzgados andaluces para disponer de datos sobre el número de incumplimientos. Jiménez señaló que, a grandes rasgos, calculan que el 60% de las pensiones fijadas por los jueces no se pagan, pero que en el caso de las víctimas de malos tratos el porcentaje supera el 75%. En el último trimestre de 2002, en el que se puso en marcha el servicio de asistencia legal para mujeres que no perciben la pensión, la asociación de juristas Themis atendió 19 casos.

La coordinadora del Centro Provincial del IAM en Sevilla, María José Castro, anunció que se han distinguido con el premio Meridiana este año a la escritora Dulce Chacón, el periodista Iñaki Gabilondo, la empresa Cailu y Teresa Alba, en el apartado de asociaciones. Los galardones se entregan hoy en el palacio de San Telmo.